‘El IBEX 35 en guerra contra la vida’

Durante el año 2017 más de 300 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas por realizar esta labor. Casi el 70 % de ellas defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente, tal y como señala el último informe de Front Line Defenders. Pero los asesinatos son solo la punta del iceberg de un patrón sistemático para acallar a quienes se enfrentan a los intereses corporativos, que incluyen amenazas, hostigamiento y detenciones, entre otras agresiones físicas, legales y sociales.

La acción de las transnacionales españolas en el exterior no está desvinculada de este contexto. El informe visibiliza y denuncia los impactos socioecológicos y la vulneración de derechos humanos cometidos por la acción de empresas españolas en América Latina.

Se pretende así mostrar la otra cara de la marca España, a través de la descripción de tres conflictos:

1. La extracción de gas del proyecto Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol.

2. La construcción del complejo hidroeléctrico Renace por parte del Grupo ACS en Guatemala.

3. El Corredor Eólico del istmo de Tehuantepec en México que involucra a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia.

Lejos de constituir casos aislados de malas prácticas, los ejemplos descritos en este informe dan cuenta de un problema sistémico. Por eso, todos ellos presentan patrones comunes en la actuación de las transnacionales.

En primer lugar, los megaproyectos de las empresas analizadas se ubican en territorios indígenas y campesinos, provocando graves impactos socioecológicos en las zonas donde se asientan. Contaminación y acaparamiento de tierras y de agua, deforestación y fragmentación de ecosistemas, y pérdida de biodiversidad son algunos de los impactos ecológicos provocados por las empresas de forma sistemática en todos los casos analizados.

Para las poblaciones locales la llegada de las corporaciones ha supuesto una pérdida de su soberanía alimentaria y su autonomía, y una ruptura de sus formas de reproducir la vida tanto en términos materiales como socio-culturales.

Asimismo se han detectado patrones sistemáticos de vulneración de derechos humanos cuando las empresas españolas tratan de implantar sus megaproyectos en los territorios. La ausencia de un ejercicio de consulta previa, libre e informada tal y como exige el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, es un rasgo común en todos los casos analizados, pero no el único.

Desinformación, engaños, firma de contratos abusivos, incumplimiento de acuerdos, sobornos, generación de redes clientelares, cooptación de dirigencias locales, extorsión, injerencias e infiltración en organizaciones locales son algunas de las tácticas identificadas que utilizan las compañías.

En este contexto, las defensoras y defensores del medio ambiente que se oponen a los intereses corporativos son objeto de procesos de criminalización, acoso, persecución, estigmatización, judicialización, amenazas, agresiones y asesinatos cometidos en el marco de los conflictos.

Estas agresiones no siempre son cometidas directamente por los actores corporativos, pero todas ellas tienen lugar en el marco de los conflictos originados por sus actividades, y están dirigidas a asegurar los intereses económicos de sus inversiones.

Mirada ecofeminista

A partir de un análisis ecofeminista, el informe muestra cómo la irrupción de las transnacionales en comunidades indígenas y campesinas ha supuesto una reconfiguración de las relaciones de género. La implementación de los megaproyectos se asienta sobre la existencia de desigualdades entre mujeres y hombres, y las profundiza.

Los impactos de género que el informe relata son múltiples y variados, por ejemplo: exclusión de las mujeres de los procesos de toma de decisiones (al impulsar negociaciones bilaterales y no colectivas), precarización económica de las mujeres (al fomentar la dependencia del trabajo asalariado, un sector muy masculinizado en las zonas descritas), o el aumento de la inseguridad en la vida de las mujeres, de su control social y de las violencias de género (provocados, entre otras causas, por la militarización de las zonas y el gran aumento de presencia de hombres foráneos, relacionado con los trabajos de infraestructuras).

Ante este escenario, no es de extrañar que las mujeres estén asumiendo, cada vez más, un rol protagónico en la defensa del territorio y la naturaleza. El informe reconoce el papel fundamental de las mujeres activistas frente a los intereses corporativos. Con su trabajo diario, las defensoras recuperan el espacio político en el cual no han sido reconocidas y se constituyen como referentes para poder construir paradigmas de vida alternativos frente a un escenario global de crisis ecológica y civilizatoria.

Frente a esta situación, el informe señala la necesidad urgente de poner en marcha varias medidas políticas, entre ellas:

– Impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos, que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento e impongan sanciones frente a las violaciones cometidas.

– Suspender y abandonar las negociaciones sobre tratados de comercio e inversión (como el TTIP, CETA, TISA y otros que la Unión Europea pretende implementar con México, Mercosur, Japón, etc.), ya que refuerzan la arquitectura jurídica de la impunidad a favor de las transnacionales y ponen la generación de beneficios económicos por encima de cualquier proceso de reproducción de la vida.

– Incentivar el desarrollo de formas de economía social, feminista y ecológica, centradas en el bien común y no en la acumulación de plusvalía monetaria, que pongan en el centro los procesos la sostenibilidad de la vida y garanticen la equidad social.