Europa Laica denuncia a través de un vídeo las Inmatriculaciones de la Iglesia católica, «un expolio monumental»

Europa Laica explica el escándalo monumental que han supuesto las inmatriculaciones, desde que se aprobó la Ley Hipotecaria franquista de 1946 y su Reglamento, que otorgaba a los obispos la potestad de actuar como notarios e inmatricular a su nombre bienes no inscrito con un simple escrito, y que una reforma de Aznar (PP) en 1998 extendió a los bienes dedicados al culto.

Otra reforma en 2015 eliminó este privilegio eclesiástico e impidió las acciones para declarar la inconstitucionalidad de esa ley franquista. En Córdoba, es de dominio público el escandaloso caso de la inmatriculación de la mezquita-catedral por 30 euros. De este ejemplo parte el vídeo difundido por la organización laicista.

Se calcula que unos 100.000 bienes han sido inmatriculados, de ellos 30.000 se sabe que desde 1998 a 2015. Sin embargo el listado de todo lo inmatriculado reclamado por la Coordinadora Recuperando, de la que Europa Laica forma parte, sigue sin publicarse, pese a que el Congreso así lo aprobó, o las reclamaciones de la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno para que se lleve a efecto su publicación.

La Coordinadora Recuperando presentó en el Congreso de los Diputados dos iniciativas durante la legislatura Rajoy solicitando que;

1) Inicie un procedimiento de estudio de la situación generada tras las sentencias del TEDH y lleve a cabo la iniciativa legislativa correspondiente para poner remedio a esta situación.

2) Recabe el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica al amparo del derogado art. 206 de la Ley Hipotecaria.

La primera iniciativa apunta al fondo de la cuestión: ¿Cómo revertir los bienes inmatriculados? Antonio Manuel Rodríguez afirmaba en la II asamblea de RECUPERANDO que este complejo entramado de cuestiones jurídicas jamás podría resolverse de manera individualizada en instancias judiciales. En definitiva, es una cuestión de Estado que precisa una solución global. No se trata, por tanto, de acudir a los tribunales para resolver uno a uno estas docenas de miles de conflictos (aunque, en algunos casos, pueda ser un camino fructífero), sino de promover iniciativas legislativas que definan un nuevo escenario en el que las inmatriculaciones ilegítimas e ilegales pasen a serlo de derecho. Así pues, no hay más solución que deshacer lo malhecho –cancelar de oficio todos los asientos practicados con certificación eclesiástica por ser nulos de pleno derecho, retrotraer la titularidad de todos los bienes inmatriculados por Iglesia católica a su anterior situación registral como medida que permita sustanciar la recuperación para el dominio público de aquellos que procedan, o a quienes otros correspondan con título fehaciente– y hacer bien lo que no se hizo: determinar por ley cuáles son los criterios para calificar nuestro patrimonio de dominio público y proceder a su catalogación y registro.

La segunda iniciativa (que el PSOE tramitó como una Proposición no de Ley –PNL–) forma parte de una tarea que reviste una importancia decisiva: conocer el volumen y el detalle de los bienes inmatriculados.

Aunque el Ministerio de Justicia del ejecutivo en manos del PP aseguraba que «no disponía de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica”, lo cierto es que en 2008 ese Ministerio había entregado al Parlamento de Navarra las notas simples de 1.087 bienes inmatriculados entre 1998 y 2007.

El 2 de agosto de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez informaba de que “el Ministerio de Justicia se encuentra en estos momentos procesando los datos para la realización del listado de bienes inmatriculados y se prevé que una vez finalizado se proceda a su publicación”. En enero de 2020, durante el primer día del debate de investidura, el Gobierno anunció que realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados (inscritos en el registro de la propiedad) indebidamente por la Iglesia.