CGT denuncia que miles de docentes en abuso de temporalidad serán despedidos en España tras los procesos selectivos

Tras la reciente sentencia del TJUE del 22 de febrero de 2024 se están sucediendo muchos movimientos a nivel judicial y también a pie de calle, sobre todo entre las personas trabajadoras públicas en fraude de ley por abuso de temporalidad. Desde la Federación de Enseñanza de CGT siempre se ha defendido que se ha de estabilizar a las personas en abuso de temporalidad, tal como ha descrito el TJUE, no las plazas que ocupan, dejando claro que ni procesos de selección ni indemnizaciones suponen sanción a la concatenación desproporcionada de las contrataciones temporales por parte de las administraciones públicas.

Aún sabiendo que esta sentencia se dirige al cuerpo de laborales públicos y el cuerpo docente es funcionario interino, diversos especialistas en derecho administrativo han evidenciado que la directiva europea no hace tal diferencia en lo que se refiere a trabajadores públicos y se ha de tener en cuenta para peticionar la estabilización del funcionariado interino. No obstante, CGT está a la espera de otra pronunciación del TJUE en relación con las prejudiciales elevadas por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona en relación a la estabilidad del funcionariado interino en abuso de temporalidad.

CGT denuncia que en unos meses, tras la finalización de múltiples procesos selectivos que están en marcha en todas las comunidades autónomas de España, puede producirse el cese de miles de docentes interinos a nivel estatal. Los datos de los que dispone la Federación de Enseñanza de CGT son preocupantes, con estudio comparativo en base a datos de Cataluña, se calcula que un 13% de personas docentes interinas/os que estaban en abuso de temporal el año 2020/2021 quedará sin estabilizar: entre todas las Comunidades Autónomas, de 589.200 docentes, el 31% aproximado eran interinas/os, es decir unas 182.652 personas, de las que actualmente podrían perder su puesto de trabajo el 13%, unas 23.744 personas docentes en toda España (esta cifra puede verse modificada por diversos factores, por lo que la cifra oscilaría entre 16.000 y 30.000 personas). También es sabido que este fraude de ley afecta mayoritariamente a mujeres, dado que el sector de la enseñanza, así como la mayoría de sectores públicos está feminizado, es decir, de estas personas cesadas, un 70% van a ser mujeres (16.621 mujeres docentes cesadas, aproximación entre 11.200 y 21.000), lo que supone doble agravio por cuestión de género y es inaceptable.

Además, el sistema educativo español seguirá necesitando a docentes que se encuentran en abuso de temporalidad porque falta profesorado para cubrir vacantes y sustituciones, se les seguirá contratando en fraude de ley. De todas formas, se produciría una desestructuración en los centros educativos, todavía más problemática que la ya iniciada con los desplazamientos forzosos entre personal docente en diferentes comunidades autónomas por la tipología de procesos selectivos realizados. Se entrevé un escenario de maltrato a todo el colectivo de trabajadores públicos, que se agrava por externalizaciones, cierres de centros públicos, así como por subvencionar lo privado a nivel estatal. Es necesario blindar los servicios públicos y darles el valor que se merecen, dejando de privatizar y externalizar servicios con impuestos de todas.

Por todo ello, CGT pide sensatez al Gobierno de España, a la Ministra de Educación y al Ministro de Función Pública, que intervengan de manera inmediata para poner solución a un problema que ya dura demasiado tiempo, requiriendo decisiones políticas de estabilización directa a todos los colectivos de temporales públicos del estado y suspendiendo temporalmente los procesos selectivos en marcha hasta que se resuelva toda la situación que afecta a decenas de miles de personas, en especial a ese 70% de mujeres con cargas familiares y situaciones complejas para conciliar trabajo, estudios, familia, etc. que está suponiendo unos escenarios de malestar, estrés y ansiedad graves

Se hace más que evidente que las medidas tomadas para la reducción de la temporalidad en lo público, que fueron negociadas por políticos juntamente con los sindicatos de la patronal (CSIF, CCOO, UGT y ANPE), han sido del todo insuficientes. Éstos se han negado desde un principio a resolver la situación para centenares de miles de personas afectadas en toda España, hablando siempre de vacantes/plazas, no de personas abusadas. Promovieron división de procesos selectivos según la antigüedad, como si hubiera interinas/temporales de primera y de segunda. Tampoco resolvieron nada en la negociación de la norma de procesos de estabilización de docentes: el RD 270/2022 limitaba el Concurso de Méritos a tan sólo un 47% de experiencia docente, pudiendo haber sido hasta el 90%. La lucha planteada por CGT ha sido en clara desventaja y aún así ha conseguido plasmar que tenía razón, en la línea del TJUE.

Es necesario destacar que la CGT está llevando a cabo diferentes acciones para evidenciar que lo planteado por el TJUE, en su última sentencia, pasa por defender que las trabajadoras que han estado sosteniendo los servicios públicos estatales durante muchísimos años han de estabilizarse por el abuso sufrido sin filtros. Entre estas acciones se encuentran las siguientes:

• Diversas impugnaciones de procesos selectivos y requerimientos judiciales que se han realizado en algunas comunidades autónomas, según las características de estos y la viabilidad en cada territorio en los que está presente CGT. Se han detectado errores claros en algunas convocatorias en relación con las plazas convocadas, especialmente tras la publicación del RDL 5/2023, artículo 217, que permitía convocar un nuevo concurso de méritos con una tasa adicional de plazas que nunca se convocaron, como en Cataluña y Andalucía.
• Llamamiento a peticionar de forma individual la estabilidad, a la administración pertinente, a través del registro oficial de una reclamación administrativa.
• Encuentros con especialistas en derecho, así como con plataformas de trabajadoras/es temporales afectados para plantear acciones conjuntas.

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