La contaminación por nitratos de fuentes agrarias y ganaderas deja sin agua a más de 200.000 personas
- Ecologistas en Acción presenta el informe ‘La contaminación por nitratos y su impacto en el medio ambiente y el agua de consumo humano’, con datos de contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y de consumo humano en todo el territorio español.
- En 2022, el 11% de las aguas superficiales y el 37% de las subterráneas superaban la cantidad de nitratos permitida.
- Fruto de esta contaminación, 171 municipios detectaron valores de nitratos por encima de los 50 mg/l permitidos por la normativa, lo que afectó a 214.851 habitantes.
La contaminación de las aguas por nitratos tiene su origen en el uso masivo de abonos nitrogenados en la agricultura de regadío intensiva, así como en las macrogranjas de ganadería intensiva. Dado que ambas actividades económicas siguen creciendo en nuestro país, es previsible que también lo haga al mismo ritmo esta contaminación, que daña acuíferos y aguas superficiales, en muchos casos de forma casi irreversible, y supone un grave riesgo para la salud humana.
Ante la gravedad del problema, Ecologistas en Acción ha elaborado el informe ‘La contaminación por nitratos y su impacto en el medio ambiente y el agua de consumo humano’. El estudio desvela que, en 2022, el 11% de las aguas superficiales estaban contaminadas por nitratos, en concentraciones superiores a la norma de calidad ambiental. Esta cifra aumenta al 37% en el caso de las aguas subterráneas, según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD).
Esta contaminación ha llevado a que 171 municipios españoles responsables del suministro de agua potable detectaran, en alguna de sus redes de distribución, valores de nitratos por encima de los 50 mg/l permitidos por la normativa, lo que afectó a 214.851 habitantes, según datos del Ministerio de Sanidad.
El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano, considerado como tal por Naciones Unidas desde 2010, por lo que el hecho de que se esté suministrando agua contaminada no apta para el consumo a más de doscientas mil personas supone un claro retroceso en cuanto a calidad de vida, que está afectando especialmente a municipios de la denominada “España vaciada”.
Por otro lado, estudios recientes concluyen que el valor límite máximo permitido por la legislación europea y española, de 50 mg de nitratos por litro de agua potable, no es suficiente para proteger a la población, especialmente frente a enfermedades como el cáncer colorrectal.
Además, los controles realizados por las administraciones son insuficientes, como han demostrado los análisis realizados por voluntarias y voluntarios de Ecologistas en Acción, especialmente en los casos de fuentes públicas no tratadas y manantiales utilizados por la población.
Por todo ello, Ecologistas en Acción reclama que se intensifiquen los controles en el agua de abastecimiento a poblaciones en todos los municipios del Estado español, con el fin de detectar todos los incumplimientos en materia de nitratos. Asimismo, la organización ecologista exige al Gobierno español y a los partidos políticos que modifiquen el Real Decreto 3/2023 de agua de consumo humano, reduciendo el valor límite máximo permitido de nitratos.
Ecologistas en Acción considera inadmisible que en el agua potable se permitan 50 mg/l de nitratos, conociéndose su implicación en el desarrollo de cánceres y siendo el límite permitido para los ecosistemas fluviales la mitad que el permitido para el agua de boca.
En cuanto a la contaminación ambiental, Ecologistas en Acción exige que se reduzca el uso de abonos nitrogenados, al menos, el 20% que exige la ‘Estrategia de la granja a la mesa’ de la Unión Europea, y que se frene la expansión de la ganadería intensiva desde los ámbitos estatal y autonómicos, que impide la apertura de nuevas instalaciones. Ambas actividades están produciendo daños ambientales muy importantes, en muchos casos irreversibles.
Por último, Ecologistas en Acción señala que los responsables económicos causantes de la contaminación (ganadería y agricultura intensivas) deben pagar los sobrecostes de la potabilización del agua, necesaria a causa de sus acciones contaminantes.