El PCE denuncia que León tiene la peor tasa de actividad de España
El Comité provincial del Partido Comunista en León (PCE) muestra su preocupación por los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Según el PCE, el ligero descenso del desempleo, previo a la campaña de Semana Santa se ve “eclipsado” por el descenso de la Tasa de Actividad que indica el porcentaje de personas en edad de trabajar que están activas laboralmente.

Este indicador ha experimentado un descenso hasta el 48.2% posicionándose como «la peor Tasa de Actividad del país». El ranking estaba liderado hasta ahora por la provincia de Orense, pero en el primer trimestre de 2025 León «ha destronado» a los gallegos. Señalan que estos datos indican que «está aumentando la migración de leoneses a otras provincias y el envejecimiento de la provincia».
En este marco, la dirección provincial del PCE en León apunta hacia la «precariedad» e «inestabilidad» laboral como fenómenos «que favorecen la búsqueda de oportunidades en otras provincias». La formación defiende que «los bajos salarios unidos a la temporalidad de las empresas leonesas empujan a las y los trabajadores hacia otras provincias en busca de mejores condiciones» y denuncian que uno de los motivos es la «parálisis de la patronal leonesa» en la negociación de convenios colectivos.
Por otra parte, el PCE alude a un «fracaso» de las políticas de empleo «socialdemócratas» enfocadas en las subvenciones a empresas privadas que posteriormente «abandonan» a los trabajadores. Tampoco creen en «la generación de emprendedores» y alegan «que después de años pagando cursos para formar futuros empresarios, seguimos perdiendo trabajadores». En este sentido, denuncian particularmente el sistema de Transición Justa ya que consideran que «únicamente ha servido para fomentar a los «caza-subvenciones». En palabras de la propia formación «no se ha creado ni creará un puesto de trabajo dejando la economía a manos de la voluntad de individuos que aspiran a explotar a otros».
Es aquí donde el PCE reivindica una «reindustrialización desde lo público» y que evite «la inversión en entes privados». Apelan a la intervención «directa» de organismos del Estado como las SEPI en la creación de industrias ligadas al territorio «puenteando la mediación empresarial».