La Agencia Tributaria permite el despido de 92 trabajadores discapacitados que atendían el servicio de Cita Previa de las AEAT

La Agencia Tributaria adjudicó su Servicio de Cita Previa a la empresa Abante BPO, que decidió prestarlo desde su centro de trabajo en Madrid subcontratando la mayor parte del servicio al Centro Especial de Empleo (CEE) del Grupo SIFU. Desde entonces 92 trabajadores con distintos grados de discapacidad prestaban el servicio con absoluta profesionalidad.

A principios del año 2018 la Agencia Tributaria sacó a concurso esta campaña y fue adjudicada a la empresa Servinform, que mantuvo la subcontratación con el Grupo SIFU, garantizando el mantenimiento del empleo a la mayor parte de los trabajadores que venían desempeñando las funciones del departamento. Con fecha 6 de julio se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el expediente 18600000700, el anuncio de que el Servicio Telefónico de Cita Previa iba a ser adjudicado definitivamente a la empresa de Contact Center Konecta BTO.

Esta última adjudicación ha supuesto que 92 trabajadores con discapacidad reconocida, que venían prestando el servicio desde el año 2015, sean despedidos con una carta que les deja sin indemnización y sin derecho a cobrar el paro. Por si fuera poco, los trabajadores que están buscando empleo se están encontrando con el rechazo de otras empresas a contratarles hasta tres meses después.

El Grupo SIFU entregó una carta a todos los trabajadores, en la que siguiendo lo indicado en el Art. 27 del XIV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, todos los trabajadores debían ser subrogados a la nueva adjudicataria. Grupo SIFU entregó esta carta aun a sabiendas de que el Grupo Konecta se negaba a aceptar esta subrogación, lo que supone dejar a sus hasta ese momento trabajadores sin ningún derecho laboral.

Servinform, la sociedad adjudicataria hasta julio de este año, que había subarrendado con Grupo SIFU la prestación parcial del servicio, tampoco se hizo cargo de los trabajadores, limitándose a finalizar la obra o recolocar a los trabajadores que directamente tenía contratados y que no tenían ningún grado de discapacidad.

El Grupo Konecta, a través de su sociedad matriz en el Estado español, Konecta BTO, es la empresa que sin duda peor se ha comportado en este proceso. El Grupo Konecta tiene más de 20000 teleoperadores en el Estado español, a través de distintas sociedades de Contact Center. Esta empresa, controlada por el Banco de Santander, no está obligada a cumplir con el requisito legal de contratación de un 2% de discapacitados en su plantilla dado que le han concedido la posibilidad de suplirlo con la Fundación Konecta.

En Madrid Konecta tiene un Centro Especial de Empleo y tiene adjudicado un servicio de la Agencia Tributaria, pero como esta empresa no quería reconocer ningún derecho a los trabajadores que venían trabajando en la campaña ha decidido prestar el servicio desde Sevilla a partir del 1 de agosto. Konecta sabía de la existencia de los trabajadores del Grupo SIFU y, en vez de buscar una solución que armonizara su ansia de beneficios y los derechos de los trabajadores, ha preferido dejar a 92 familias en la estacada, situación que la Confederación General del Trabajo denuncia con rotundidad.

Los servicios jurídicos de CGT han interpuesto una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra Konecta BTO, Servinform y Grupo SIFU, pidiendo la nulidad de todos estos despidos. En ninguno de los casos previstos por la ley se puede dejar a estos trabajadores sin indemnización y sin poder percibir la prestación por desempleo, dado que todos ellos contaban con contrato indefinido y gozaban de las garantías que la ley establece para estos trabajadores.

«La Confederación General del Trabajo está escandalizada de cómo la Agencia Tributaria ha permitido estos chanchullos laborales impropios de un Estado social y de derecho», afirma la central sindical en el comunicado. «Desde CGT acudiremos también a la Inspección de Trabajo y nos dirigiremos a Jesús Gascón, nuevo director de la Agencia Tributaria desde el pasado mes de junio para exigirle que obligue a la empresa adjudicataria a solventar este despropósito», concluye.