PSOE, PP y C’s impiden que el presidente del CGPJ explique supuestos tratos de favor con la hija del juez Marchena

El PSOE también ha sumado sus votos en la Mesa del Congreso al PP y Ciudadanos para echar por tierra la petición de comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, impulsada por Izquierda Unida el pasado mes de julio, para que Carlos Lesmes explicara en sede parlamentaria el alcance de las denuncias aparecidas sobre supuestos tratos de favor en el acceso a la carrera judicial de Sofía Marchena Perea, hija de Manuel Marchena, alto cargo de la Judicatura como presidente de la Sala Segunda del Supremo.

PSOE, PP y Ciudadanos unieron intereses -igual que hicieron para tumbar la petición de creación de una comisión de investigación sobre presuntas irregularidades en la actividad y negocios de Juan Carlos de Borbón- para no tramitar la petición que firmaba Alberto Garzón para que Lesmes explicara en el Congreso todo lo que conocía sobre este asunto. Alegan para ello que lo que se solicita en la petición de comparecencia es ‘informar sobre actuaciones propias de la competencia del Consejo General del Poder Judicial como órgano constitucional que la Mesa considera no fiscalizables’.

Garzón firmó junto al diputado y portavoz de Justicia de IU, Ricardo Sixto, la  iniciativa que planteaba que Lesmes explicara en el Congreso “las supuestas irregularidades que se habrían podido cometer en el proceso de acceso a la plaza de fiscal por parte de la hija del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al decidir crear una plaza adicional de fiscal en la convocatoria y permitir que la aspirante cambiara su elección de juez a fiscal sin volver a examinarse”.

Según distintas informaciones, Sofía Marchena eligió voluntariamente en 2016 la carrera judicial, en lugar de la carrera fiscal, para la que había plazas vacantes en aquel momento. Resulta muy llamativo que dos años después optara por la carrera fiscal, para lo que se creó una plaza extra de fiscal que le fue adjudicada. El proceso incurriría así en una modificación arbitraria de la oferta de plazas de fiscales para 2018, que era de 35 y no 36.

Izquierda Unida, además de un significativo número de juristas, entiende que al haberse decantado por la carrera judicial debería haberse examinado de nuevo, como es lo habitual para las miles de personas que se examinan cada año para las plazas del sistema público. De confirmarse los hechos denunciados, no habría optado así a esta plaza en igualdad de condiciones respecto al resto de opositores a la carrera fiscal, sino con ciertos privilegios.