Críticas al Gobierno por dar solo siete días a la consulta pública de la ley de secretos oficiales
Organizaciones de la Coalición pro Acceso, entre ellas la FeSP, expresan su preocupación por las consecuencias para la transparencia, la protección de los denunciantes y la libertad de información.
Más de 15 organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Coalición pro Acceso, entre ellas la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), han criticado la decisión del Gobierno de dar un plazo de sólo siete días hábiles en el mes de agosto (del día 3 al 12) para presentar alegaciones al anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que sustituirá a la Ley de Secretos Oficiales franquista todavía vigente.
Esa organizaciones han pedido que se amplíe a un mes el periodo de consulta pública del citado anteproyecto, porque se trata de una ley muy importante que afecta a la libertad de información y otros derechos fundamentales.
El anteproyecto de ley ha causado preocupación en esas organizaciones y en expertos en democracia, según indican en un comunicado, por «las consecuencias para la transparencia, el impacto sobre la protección de los denunciantes y los riesgos para la libertad de los medios de comunicación y los periodistas de investigación», dadas las multas por difundir documentos clasificados que pueden ser de entre 50.000 y tres millones de euros.
También consideran excesivos los periodos que algunos documentos pueden estar clasificados (hasta 65 años) y que no se establezca la desclasificación retroactiva, lo que impedirá poder acceder a muchos documentos clasificados como secretos durante el franquismo o durante la transición a la democracia.
Entre las organizaciones que firman el comunicado figuran, además de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Access Info Europe, Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y Plataforma por la Libertad de Información (PLI).
A pesar del poco tiempo que ha dado el Gobierno, en plenas vacaciones de agosto, la Coalición pro Acceso ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley para que sea mejorado. También las han presentado numerosas organizaciones de archiveros, bibliotecarios, ong y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), entre otras.
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