Un informe de los Verdes Europeos denuncia que la corrupción en España cuesta 90.000 millones de dinero público

El Grupo de los Verdes/ALE, en el que se encuentra EQUO, ha publicado un nuevo informe que analiza los costes de la corrupción en cada uno de los Estados miembros de la UE, de cara al Día Internacional contra la Corrupción este domingo 9 de diciembre. Las cifras, comparadas por primera vez con el coste de los productos y servicios nacionales ordinarios, muestran el verdadero coste de la corrupción en la vida de las personas. El informe concluye que con los 904.000 millones de euros anuales perdidos a causa de la corrupción en toda la UE podríamos acabar con el hambre en el mundo, eliminar la malaria, proporcionar educación, agua potable, higiene, asistencia sanitaria y electricidad y sobrarían 360 mil millones de euros.

En la cifra asciende a 90.000 millones de euros cada año; el equivalente a casi el 8% del PIB. Estos 90 mil millones son más de 4 veces el presupuesto anual destinado a desempleados (alrededor de 19,6 mil millones).

La encuesta de Eurostat realizada en 2017 mostró que el 63% de los encuestados en España creía que el nivel de corrupción había empeorado en los 3 años anteriores, mientras que el 29% creía que el nivel seguía siendo el mismo. Solo el 5% cree que el nivel de corrupción ha disminuido. De hecho, el 94% cree que la corrupción está muy extendida en el país; y el 75% cree que la corrupción es parte de la cultura empresarial. El 10% de los encuestados dice que conoce personalmente a alguien que acepta o ha aceptado sobornos.

Desde el grupo  Verdes/ALE se ha hecho un llamamiento a la UE y a sus Estados miembros para que adopten una postura mucho más proactiva en la lucha contra la corrupción. Así mismo, ha pedido a la Comisión Europea que revise anualmente las prácticas anticorrupción en los Estados miembros y que aumente la financiación de las actividades de lucha contra la corrupción, que mejore la capacidad de la Oficina Europea de la Lucha Contra el Fraude, que refuerce la Fiscalía Europea, que proteja a los denunciantes, a los periodistas y a las ONG, y que garantice una mayor transparencia y control sobre la forma de que se asignan y se gastan los fondos de la UE.