El campo se aferra a Ley de Cadena en un año clave para la economía y la PAC

La rentabilidad, por lo tanto, seguirá siendo el fin último que perseguirán los productores durante 2022, un ejercicio en el que habrá que ver si concluye la pandemia y, con ello, los contratiempos que han afectado a todo el sector agrario y al alimentario, que no fueron pocos.

Los próximos 12 meses también serán tiempo para trabajar otros aspectos enquistados como la problemática del relevo generacional o de la despoblación en el medio rural.

Además, en el ámbito legislativo, será un año clave para ver si el Gobierno saca adelante la futura ley para luchar contra el desperdicio alimentario o para la aprobación definitiva en el Parlamento de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que recoge una reducción progresiva de los plásticos de un sólo uso por lo que afecta a industria como la alimentaria.

En el contexto europeo, el cuerpo legislativo puede estar marcado por la intención de Bruselas de presentar la propuesta de un etiquetado obligatorio armonizado que dé a los consumidores más opciones de elegir alimentos saludables pero habrá que ver si finalmente se asemeja o no al conocido y polémico Nutriscore.

Son muchos los temas y desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, su presidente, Ángel Villafranca, ha recordado que el año comienza con una “preocupación constante” en el incremento de las materias primas como el gasóleo, el gas o la electricidad.

Cree que este aumento “muy alto” de los precios “puede llevar a producciones más ajustadas” en este 2022.

Con ello, los alimentos “probablemente van a tener que sufrir un incremento” en su valor y “hay que trasladarlo a nuestros clientes y consumidores”.

Por otro lado, seguirá siendo un reto asegurar el relevo generacional, algo que intuye complicado por la falta de rentabilidad y por la “dureza” del campo.

Una de las soluciones cree que sería diseñar una política de migración para facilitar la llegada de interesados a la agricultura.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, hace mención expresa al protagonismo que tendrá la recién reformada Ley de la Cadena Alimentaria. Será un año en el que velará por su “aplicación urgente” y su cumplimiento porque, si no, “no valdrá para nada”. Su asociación también tratará de introducir cambios en el plan estratégico de la futura Política Agrícola Común, cuando entre en período de consultas. En 2022 Asaja quiere “concienciar” al Gobierno central para que “no ataque” al campo porque es un sector “que da mucho más a la sociedad española de lo que recibe”.

Las movilizaciones estarán también en la agenda ante la falta de rentabilidad en muchas de las producciones y ha recordado que la “senda ya está retomada” gracias a las celebradas en las últimas semanas.

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, también ha remarcado que el año arranca con la “gran preocupación e incertidumbre” de “qué pasará” con los costes de producción. A pesar de la previsión de algunos expertos que creen que esta situación de carestía terminará en primavera, el líder de COAG no tiene “claro” que sea algo “coyuntural”. Mientras tanto, en estos primeros meses de 2022 confía en el cumplimiento de la Ley de la Cadena para que la producción reciba precios por encima de costes porque, si no, “estamos abocados a una reconversión importante de las explotaciones” o a su “desaparición”.

También es un año de transición hacia la nueva PAC de 2023, para intentar adaptarse a los nuevos requisitos, principalmente en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental. Son unas exigencias que traerán “costes adicionales” que “ahora mismo no estarían compensados” en la reforma “que se ha diseñado”, según Padilla.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, cree, por su parte, que estos 12 meses próximos son esenciales para cumplir una Ley de la Cadena que es la que “necesitábamos” y en la que se ha trabajado “en los últimos 14 años”. Un año en el que nombra el deseo de acabar con la “especulación” de los fondos de inversión sobre el negocio de las materias primas porque “no se pueden soportar bajo ningún concepto los costes de producción que está habiendo en cereales, piensos, fertilizantes o carburantes”.

Al igual que Barato, hace referencia a las movilizaciones previstas porque lo harán en “unidad de acción” con el resto de las organizaciones: “La presión no la vamos a dejar porque creo que con ello hemos conseguido la modificación de la Ley de la Cadena y, si eso se cumple, las movilizaciones estarían desconvocadas”.

La intención de UPA es comenzar a “señalar” a los que ganan “mucho” dinero en la cadena alimentaria “mientras otros no somos capaces de que nos salgan las cuentas”.

Por otro lado, espera que este año sea generoso, hidrológicamente hablando, especialmente en el sur peninsular para poder asegurar unos regadíos que son “riqueza y garantía” para el suministro de alimentos.