Adelante Andalucía denuncia la situación de abandono de los alumnos de educación especial en Andalucía
El portavoz de la confluencia, José Ignacio García, ha mantenido una reunión con la comunidad educativa para abordar esta “crisis” en atención a la diversidad “fruto de los recortes”
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El portavoz de Educación del grupo parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha denunciado hoy el abandono al que la Consejería de Educación ha sometido al colectivo de alumnos con necesidades especiales, un problema que supone el incumplimiento de los derechos recogidos en la normativa educativa. Esta denuncia ha tenido lugar al término de la reunión que el dirigente andaluz ha mantenido con AMPAS, sindicatos, colectivos y asociaciones educativas y la plataforma Marea Verde, en la cual se ha analizado la situación “crítica” que se vive en las aulas andaluzas así como la adopción de medidas para exigir un cambio en las políticas del Gobierno de PP y Cs.
Tal como ha explicado García, la comunidad educativa andaluza se encuentra al límite en materia de atención al alumnado más vulnerable debido a que la Consejería del ramo ha recortado el presupuesto necesario para cubrir las necesidades específicas de estos alumnos, un déficit de inversión que se traduce en necesidades urgentes de contratación de personal especializado como maestros de educación especial, monitores, orientadores o maestros de audición y lenguaje.
La decisión de recortar la inversión en atención a la diversidad ha provocado, como apunta el portavoz de Adelante, que haya niños con necesidades especiales que no reciben la correcta atención en los centros escolares. “Miles de familias están al límite y urge atajar un problema porque no hay educación sin atención a la diversidad”, ha afirmado García, que ha puesto de relieve la fuerte implicación de la comunidad educativa para denunciar estas irregularidades y revertir los recortes aplicados por el Gobierno.
En este sentido, Adelante Andalucía presentará en el Parlamento una batería de iniciativas de la mano de padres y madres de alumnos y colectivos educativos para exigir los recursos económicos necesarios así como para generar dinámicas que garanticen el cumplimiento de derechos para los alumnos bajo.