Adelante Andalucía exige una solución inmediata a los cortes de suministro eléctrico en Almería, Córdoba y Granada

El grupo parlamentario Adelante Andalucía ha anunciado esta mañana que presentará en los próximos días una iniciativa en la Cámara Autonómica con el objetivo de solucionar la situación de «emergencia social» en la que viven miles de vecinos de las ciudades de Almería, Córdoba y Granada como resultado de los cortes de luz indiscriminados que padecen diariamente desde hace cinco años. Así lo ha explicado la diputada Ana Villaverde, que considera «fundamental» la intervención de la Junta de Andalucía para defender los derechos de la ciudadanía afectada ante la empresa ENDESA, la cual sigue cobrando sus tarifas con normalidad pese a esta situación de pésima prestación del servicio.

Según ha explicado Villaverde, los cortes de luz se producen diariamente en periodos de entre 10 minutos y 13 horas, lo que está provocando un fuerte impacto en la vida cotidiana de los vecinos, especialmente aquellos que por motivos de salud requieren de aparatos eléctrico; negocios y empresas; así como en el funcionamiento de centros de salud y colegios. En este sentido, incluso el Defensor del Pueblo ha declarado el estado de «emergencia social» y se ha instado al Gobierno andaluz a emprender acciones que devuelvan la normalidad. A pesar de esta situación, que se ha traducido en multitud de denuncias y peticiones a Endesa, la multinacional no ha habilitado soluciones efectivas al respecto y su acción se ha centrado en vincular estos sucesos con una situación de sobrecarga por supuestos enganches ilegales que han estigmatizado a los barrios afectados.  A modo de solución transitoria, Endesa se comprometió a instalar tres nuevos centros de transformación en el Distrito Norte en Granada y dos en los barrios afectados de Almería. A día de hoy, en Granada solo se ha instalado uno y en Almería, ninguno.

En consecuencia, Adelante Andalucía ha exigido la intervención de las administraciones para preservar los derechos básicos de los ciudadanos de los distritos afectados, siendo esta actuación competencia de la Junta de Andalucía en aplicación del artículo 84.1 del Estatuto de Autonomía y de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales que desarrolla las competencias de la administración autonómica en materia de Urgencia y Emergencia Social.

Por último, Ana Villaverde ha criticado que la Consejería no sólo no haya impuesto sanciones a Endesa por los cortes de suministro durante los últimos cinco años, sino que haya puesto en manos de la multinacional la realización de auditorías para conocer el alcance de la situación. «La misma compañía que lleva un lustro vulnerando los derechos de la ciudadanía y que se beneficia de la subida del coste del servicio, que asciende a un 66% en la última década siendo la mayor de Europa, no presenta garantías como para ser quien financie una auditoría que pueda hacer una análisis objetivo de la situación. “Es como ser juez y parte», ha espetado para solicitar que «la auditoría debería hacerla directamente la administración, para asegurar que es plenamente objetiva y capaz de dilucidar hasta qué punto llega la responsabilidad de Endesa en este caos».