«El futuro del campo depende de la ecología»

Las declaraciones de ciertas entidades agrarias contra la transición ecológica, la Agenda 2030, la reducción de los plaguicidas o el mantenimiento del barbecho –que responsabilizan a estas medidas de los problemas del sector– no son aceptables ni razonables. Lejos de ser el problema, son en realidad parte de la solución y del futuro de una agricultura sostenible, saludable y justa.

Mantener un sector agrario potente pasa por adaptarse al cambio climático y por colaborar en la conservación de la biodiversidad. Pasa por ayudar realmente al sector ecológico y regenerativo a ser viable; por potenciar el mercado de proximidad y las prácticas agrarias que generan vida y no la matan.

Ecologistas en Acción llevamos mucho tiempo planteando que el actual modelo capitalista de producción y distribución alimentaria basa sus beneficios en la explotación de la naturaleza y de las personas, aquí y en todo el planeta.

El sistema de producción imperante, intensivo y orientado a la exportación, ha provocado una pérdida de fertilidad de los suelos. El uso excesivo y el envenenamiento con agrotóxicos los ha llevado al límite de su capacidad. El encarecimiento de insumos debido a la creciente crisis energética hace cada vez más inviable este modelo. La dependencia de los insumos químicos y de las semillas, controlados por la industria agrícola, ejerce una presión cada vez mayor sobre las agricultoras y agricultores.

La distribución alimentaria está concentrada en muy pocas manos, con un poder desmesurado a la hora de imponer sus precios y condiciones, que han abocado a miles de explotaciones agroganaderas a la ruina. Alimentos que cotizan en bolsa, entrando así al juego especulativo; productos que viajan miles de kilómetros, y llegan a la mesa con una gran huella de carbono.

Al mismo tiempo, hay un incumplimiento sistemático de la ley de la cadena alimentaria y una llamativa falta de control de intermediarios y grandes grupos de distribución, que son quienes condicionan los precios para incrementar sus beneficios, al tiempo que no se remunera de forma justa a productoras y productores.

Los acuerdos de comercio e inversiones, que han llevado a la desregulación de los mercados, la precariedad laboral y los bajos ingresos de agricultoras y agricultores suponen una nueva vuelta de tuerca de esta explotación. Acuerdos neoliberales obsoletos, como el que actualmente la Unión Europea está negociando con el bloque Mercosur, han causado la destrucción de miles de pequeñas y medianas explotaciones en beneficio de las multinacionales del agronegocio sobre la salud de las personas y el planeta.

La PAC es otra herramienta económica a favor de los grandes que perjudica, y mucho, al pequeño agricultor y ganadero. Aferrarse al mantenimiento de las ayudas directas de la PAC es pan para hoy y hambre para mañana. Según datos oficiales, el 20% de las personas perceptoras acapara el 80% de las ayudas PAC.

La tierra arable, cada vez concentrada en menos manos, en su mayoría de hombres, reduce las oportunidades de fijar población en el medio rural que realmente ponga en marcha y mantenga otro tipo de sistema de producción, menos mecanizado, menos extractivo, menos esquilmante y más acorde con los ritmos productivos de la tierra.

Grandes fondos de inversión internacionales están ya haciéndose con la propiedad de las mejores tierras, mientras las personas que quieren iniciar proyectos agroecológicos se encuentran con grandes dificultades para poder acceder a tierras de cultivo. Grandes capitales invierten en macrogranjas, arrinconando a la ganadería extensiva. La falta de relevo generacional en las explotaciones rurales y el envejecimiento del sector es un gravísimo problema que incumbe a toda la sociedad.

La situación del campo no es nueva, pero la solución no es seguir manteniendo los cultivos a base de industrializar la producción y envenenar la tierra y el agua.

Exigimos con urgencia un cambio de modelo agroalimentario que priorice la soberanía y la seguridad alimentaria, fomentando y apoyando la ganadería extensiva; que reduzca el regadío agroindustrial y, con ello, la sobreexplotación del agua; y que fomente prácticas de cultivo que reduzcan el impacto negativo en los ecosistemas y garanticen la justicia social para quienes producen nuestros alimentos, apoyando al mismo tiempo a los pequeños agricultores con modelos sostenibles y locales.