José Couso: quince años sin justicia

El 8 de abril de 2003 el mundo contemplaba a través de sus televisores la entrada de las tropas estadounidenses en Bagdad. Periodistas, corresponsales y enviados especiales de medios de comunicación de todo el mundo contemplaba los últimos y escasos conatos de resistencia ante la inminente caída de la capital iraquí. Muchos de ellos se concentraban en el Hotel Palestina, un dato conocido por las fuerzas militares invasoras que lo ubicaban como un centro de comunicación ajeno a su control. Aquella mañana, el sargento Shaw Gibson de la 3ª División de Infantería de los Estados Unidos dio orden al infame tanque M1 Abrams de disparar contra el Hotel. El cámara José Couso y el periodista ucraniano Taras Protsyuk murieron a consecuencia del disparo. Era un ataque contra los servicios informativos ajenos al control del Pentágono. Un ataque deliberado contra un objetivo de guerra.

Tan solo dos semanas antes, el 20 de marzo de aquel año, una coalición internacional capitaneada por el ejército norteamericano y sin aprobación de las Naciones Unidas, había invadido Irak en busca de unas “armas de destrucción masivas” que luego se revelaron inexistentes. Durante meses, la intención anunciada por parte del gobierno de George W. Bush de invadir el país había generado la polémica y una firme oposición tanto en la sociedad civil como en la comunidad internacional. La Casa Blanca, en plena cruzada por la seguridad frente a las libertades civiles (que quedó representada con el establecimiento del denominado Acta Patriótica, una serie de medidas de vigilancia a la población establecida con la excusa de la llamada Lucha contra el Terror y que mantiene sus efectos hasta nuestros días) no estaba dispuesta a permitir una versión ajena a la de sus centros de comunicación sobre lo que sucedía en torno a la guerra. En consonancia con la política de control informativo, el ejército estadounidense había constituido todo un sistema de “periodistas empotrados”. A aquellos medios de comunicación y profesionales independientes que no se adscribieron a este sistema de cobertura acompañando a las fuerzas militares se les dio una advertencia con forma de eufemismo: “No se responsabilizarían de su seguridad en el conflicto”. El relato de la guerra sería el suyo o no sería.

En consonancia con esta política, las tropas estadounidenses no solo se despreocuparon por la seguridad de los periodistas sino que emprendieron ataques deliberados contra cualquier estructura informativa ajena a su control. Días antes del ataque al Hotel Palestina, habían bombardeado las instalaciones de la televisión qatarí Al Jazeera, causando la muerte del periodista jordano Tarek Ayub y habían destruido las oficinas de Abu Dhabi TV. La muerte de Couso y Protsyuk suponía un episodio más.

Quince años a la búsqueda de justicia

El gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar se negó a realizar reclamación o condena de los acontecimientos. Una actitud nada sorprendente, Aznar había sido uno de los principales valedores de la intervención militar que quedó representada visualmente en la histórica fotografía del trío de las Azores. A pesar de la actitud gubernamental, la familia de Couso no se dio por vencida e inició un periplo en búsqueda de justicia. En mayo de aquel mismo año interpuso una querella que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tramitó.

Sin embargo, las peticiones internacionales para esclarecer los hechos no tuvieron la más mínima respuesta positiva por parte de los Estados Unidos. A su posición de no asumir los tratados de extradición de los acuerdos de justicia internacional se unía la intención deliberada de hacer caso omiso de la comunidad internacional. La justicia estadounidense se limitó a hacer pública los “resultados” de una investigación interna que dictaminó que las tropas estaban actuando en legítima defensa al disparar contra un Hotel sin presencia alguna de fuerzas militares.

A pesar de las trabas y un paso temporal del caso por archivo, las gestiones judiciales continuaron adelante. En el año 2007 la Audiencia Nacional activa una orden de detención contra tres militares estadounidenses implicados en los acontecimientos que, como no podía ser de otra manera, no se llegan a cumplir por la negativa de Washington. En 2010, nuevos datos aportados por la filtración de cables oficiales por Wikileaks llevaron a revelar una más que posible intromisión del ejecutivo en el poder judicial. Un año después, Irak permitió al magistrado Santiago Pedraz desplazarse al país para tratar de reconstruir los hechos. A pesar de las trabas (incluida una reforma en 2014 para restringir la Justicia Universal en la legislación española), la causa ha continuado adelante hasta nuestros días.

Mientras tanto, la política de hostilidad directa hacia los medios de comunicación independientes se ha tornado la norma general en los conflictos de este siglo. Las ocupaciones militares de Irak y Afganistán, las guerras de Yemen, Siria o el conflicto Palestino han ofrecido una miríada de ejemplos lamentables de que los informadores se han convertido en un objetivo habitual de las operaciones militares. Junto al asesinato de José Couso aquel 8 de abril de 2003, el ejército estadounidense destruyó durante quince años la aspiración a contar con una información internacional independiente. Ese era, a todas luces, su auténtico objetivo militar.