Para vencer al coronavirus hay que garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento

En las últimas semanas diversas redes y organizaciones ciudadanas, como la Mesa Social del Agua de Andalucía, han denunciado las condiciones de vida de las personas alojadas en asentamientos precarios de los invernaderos de Huelva, donde malviven cerca de 5.000 personas. Este escenario de marginación de grupos sociales y étnicos se da en otras zonas y territorios, como Almería, Sevilla, Murcia o Madrid, donde no se garantiza el acceso al agua potable ni a sistemas de saneamiento adecuados, dando lugar a condiciones de insalubridad, elevando el riesgo sanitario e incumpliendo flagrantemente los derechos humanos al agua y al saneamiento. Precisamente esta situación alarmó a Philip Alston, actual Relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, quien, durante su reciente visita a España en enero y febrero de 2020, denunció que las condiciones de vida de trabajadoras y trabajadores que habitan en los asentamientos de algunas zonas de Estado “rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo”.

Con la actual crisis sanitaria del coronavirus, las condiciones sociales y materiales en estos asentamientos se han agravado de forma radical, ya que si bien en situaciones normales la ausencia de acceso directo al agua potable, a una red de saneamiento, a la recogida de basuras y a energía crean condiciones de elevados riesgos para la salud, éstos se multiplican cuando hay una emergencia sanitaria como la del coronavirus. En estos contextos no se pueden seguir las mínimas medidas de higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio, como es lavarse las manos con frecuencia y desinfectarse con agua y jabón. Tampoco la distancia social es posible en unas infraviviendas minúsculas donde no es posible el aislamiento personal dadas las condiciones de hacinamiento insalubre que imperan; por otro lado, las personas que viven en estas condiciones tienen sistemas inmunitarios debilitados por la mala alimentación y las condiciones insalubres que los hace más vulnerables al contagio y la enfermedad.

Es urgente poner en marcha las medidas necesarias para garantizar el acceso al agua y al saneamiento en los asentamientos precarios, chabolistas e infraviviendas. Los ayuntamientos son los titulares de los servicios de abastecimiento y saneamiento y, por tanto, los que tienen que garantizar los derechos humanos asociados; es fundamental que asuman consecuentemente las obligaciones establecidas de respetarlos, cumplirlos y protegerlos.

En la actual situación de alarma sanitaria por coronavirus, los gobiernos municipales donde existan este tipo de asentamientos precarios deben coordinarse con el Ministerio de Sanidad para que, como autoridad competente tal como establece el Real Decreto 463/2020, tome con carácter de urgencia las medidas para resolver las carencias detectadas.

Tras la finalización del estado de alarma será el momento en que las administraciones locales, en consecuencia con sus responsabilidades y competencias, aborden planes para la eliminación de las infraviviendas facilitando alojamiento con los servicios básicos esenciales para una vida digna. Más información:

Red Agua Pública (RAP) es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento.