Yolanda Díaz: “No podemos permitir que el mercado laboral sea una fuente de malestar social y psicológico”

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha presentado en Madrid la Comisión de expertos y expertas sobre el impacto de la precariedad laboral en la salud mental.

“Tenemos que hablar en profundidad de esto. Durante demasiadas décadas en nuestro país la salud mental ha permanecido recluida en el ámbito individual y privado, disociada de las condiciones de trabajo y la precarización”, ha señalado la ministra en el acto, en el que ha anunciado que la Comisión que durará seis meses antes de presentar las conclusiones .En la presentación, estaba acompañada, entre otros, por del diputado y portavoz de Más País, Íñigo Errejón, dado que la Comisión fue un acuerdo alcanzado con esta formación en la negociación de la Reforma Laboral, así como tres de las integrantes de la comisión: la escritora y ensayista Remedios Zafra, la especialista en psiquiatría clínica de la Asociación Madrileña de Salud Mental Belén González Callado; la profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III, Gema Quintero; así como el director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), Carlos Arranz.

Las políticas públicas deben tratar, hoy más que nunca, de los riesgos psicosociales asociados al trabajo.

La Comisión Experta sobre el impacto de la precariedad laboral en la salud mental, presentada hoy, da un paso firme en la garantía de empleos seguros, plenos y saludables. pic.twitter.com/nhi8hNhgEW

— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) April 7, 2022

Comisión paritaria y de procedencia diversa

En total, doce profesionales de diversos puntos de la geografía española integran esta comisión paritaria que impulsa el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El director del grupo de investigación en Desigualdades en Salud de la Universidad Pompeu Fabra y director del Public Policy Center de la Universidad estadounidense John Hopkins, Joan Benach, será el encargado de coordinar este grupo de trabajo en el que participan también juristas, expertos y expertas del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, inspectoras de trabajo, profesionales y académicos del Derecho del Trabajo, de la salud pública, de la psicología y la psiquiatría, así como referentes de la cultura y el pensamiento crítico.   

“Abordar el impacto de la precariedad laboral en la salud mental es una necesidad urgente”, ha apuntado Díaz, quien ha explicado que tanto el informe como sus conclusiones servirán de base para diseñar una hoja de ruta que permita elaborar futuras políticas laborales, tal y como ya recomiendan la investigación académica y los informes de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Evidencia académica y científica para diseñar políticas públicas

Ambas organizaciones constatan que unas condiciones laborales inestables o poco seguras afectan al día a día de las personas trabajadoras.  “La precariedad es un fenómeno transversal que afecta a muchos ámbitos de lo cotidiano, y que llevamos combatiendo desde que llegamos al Gobierno”, ha asegurado la vicepresidenta, quien considera un deber atender a esta realidad social desde todas las perspectivas posibles.

En ese sentido ha recordado la última encuesta de las Condiciones de Trabajo y Salud (COTS), cuyos datos subrayan cómo las desigualdades y la precariedad inciden en la salud. “Un 63% de aquellas personas cuyos salarios no cubrían las necesidades básicas percibieron que su salud había empeorado con respecto al inicio de la pandemia, un 14% más que entre las y los participantes cuyo sueldo era suficiente”, ha explicado Díaz. Se sabe, además, que existe tres veces más de riesgo de que las personas trabajadoras precarizadas sufran problemas de salud mental.

Factores como la inestabilidad en el empleo, menores ingresos o la dificultad para acceder a prestaciones o beneficios sociales, sumado a situaciones extraordinarias como la pandemia generan, entre otros, un estrés y una ansiedad que se han agudizado en los últimos tiempos. Para la ministra, la principal conclusión de todo esto es que “la justicia social y la lucha contra la precariedad es también una cuestión de salud para todas y todas. Ahora más que nunca debemos seguir poniendo el trabajo decente con jornadas y salarios dignos en el centro”.