A vueltas con el Algarrobico
Después de 20 años seguimos dando vueltas sobre la catalogación del suelo donde se asienta el hotel del Algarrobico. Greenpeace ha vuelto a pedir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que proceda a la ejecución forzosa para que los terrenos, en el paraje en el que está levantado el polémico edificio, sean clasificados como suelo no urbanizable.
El ayuntamiento sigue incumpliendo el plazo dado el pasado 8 de mayo por el tribunal andaluz para que aporte la certificación de que el Plan General de Ordenación Urbana del municipio cumple la sentencia que le obliga a calificar el sector ST-1, donde está el hotel, como suelo no urbanizable y de especial protección. Esta exigencia del TSJA se remonta al año 2021, y seguimos viendo que la cartografía del PGOU municipal mantiene el suelo de los parajes del Algarrobico y el Canillar como urbanizable. Tampoco la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo la tramitación para hacer efectiva esa modificación, a pesar de haber pasado 30 años desde que se amplió el Parque Natural, y manifestar el ejecutivo andaluz su predisposición al derribo del edificio.
El TSJA también ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por Greenpeace, al que se han sumado Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar, para multar al alcalde de Carboneras, por no proceder a poner en marcha los mecanismos para modificar la calificación del suelo en el PGOU, después de haber anulado el pleno municipal que intentó aprobar esa modificación para declarar el terreno no urbanizable. El tribunal consideraba que el mero hecho de convocar el pleno había llevado al alcalde que gobernaba en aquel momento, el popular Felipe Cayuela, a atender sus exigencias.
Los ecologistas temen que el ayuntamiento, que ahora está gobernado en coalición por el actual alcalde, el concejal de Ciudadanos, Salvador Hernández, y el grupo socialista, aproveche que, volviendo a tener como urbanizable los terrenos, tramite el expediente y concluya que no se puede anular la licencia de obras.
A fin de cuentas, seguimos sumergidos en un sin sentido jurídico que da alas a la empresa constructora Azata del Sol y al ayuntamiento. Mientras tanto, en mayo también se ha celebrado el juicio contra 28 activistas de Greenpeace que pintaron de negro la palabra “ilegal” sobre la fachada del polémico edificio de más de 20 plantas de altura levantado a escasos 20 metros de la orilla del mar, y para los que la empresa pedía 28 años de cárcel por un delito de daños.
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