IU pregunta por escrito al Gobierno si pondrá en marcha alguna medida a nivel judicial, policial o sobre blanqueo por la supuesta conexión del fiscal general de Colombia con delitos en España

Lunes, 8 de octubre 2018.

Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario de Justicia, Ricardo Sixto, ha registrado una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno del PSOE explique con detalle si piensa poner en marcha alguna medida a nivel judicial, policial, de la Agencia Tributaria o para evitar el blanqueo de capitales en relación a las informaciones que conectan al fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, con la ocultación de bienes y fondos en España, amparado por la empresa panameña Amanda Advisors S.A de la que sería dueño su núcleo familiar.

Sixto, entre otras cuestiones, interroga al Ejecutivo sobre si “¿ha dado o dará información o instrucciones a la Agencia Tributaria, a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias, a la UDEF, a la Fiscalía General del Estado o a otra institución competente para que se investigue las posibles actividades ilícitas en España de la empresa panameña no residente Amanda Advisors S.A.?

En la misma línea, el parlamentario pregunta sobre si “¿puede afirmar el Gobierno que la empresa panameña Amanda Advisors S.A. no ha participado en operaciones de blanqueo de capitales en España?”

De las informaciones recopiladas por IU para concretar su iniciativa se desprende que la referida sociedad fue adquirida en Panamá por Martínez Neira tras haber sido constituida en octubre de 2007 por la firma de abogados de Ciudad de Panamá Rosas & Rosas. Según estas informaciones, Amanda Advisors S.A. no ha sido inscrita en el Registro Único Empresarial y Social de las Cámaras de Comercio de Colombia. En España opera como empresa No Residente con el NIF N4423836H.

Su capital social, inscrito en el registro de Panamá, es de 10.000 dólares estadounidense, a pesar de lo cual posee en España un piso en Madrid, situado en la calle José Ortega y Gasset, número 17, piso cuatro B, puerta izquierda, de un valor estimado entre 1,5 y 2 millones de euros. El citado inmueble fue adquirido en 2014 por compraventa y pagado con un cheque contra una cuenta bancaria española. Tras la publicación de la noticia en la prensa el fiscal general de Colombia ha reconocido que él es el titular real del inmueble.

Por ello, Ricardo Sixto plantea también conocer en su iniciativa parlamentaria si “¿se ha recibido información en la Agencia Tributaria sobre las personas físicas que serían el ‘beneficiario real’, ‘último beneficiario’ o ‘titular efectivo’ de los bienes y activos de la empresa panameña Amanda Advisors S.A.?”

Esta misma empresa sería también titular de fondos bancarios en España, en el Banco de Santander, recibidos mediante transferencias provenientes presuntamente de paraísos fiscales. La compañía del fiscal general de Colombia fue registrada en la Notaría Décima del Circuito de Ciudad de Panamá. Sus directores son tres compañías de islas vírgenes británicas: Fairfax Invest Corp., Pointview Financial Limited y Ultra Mega Development S.A.

“¿Se ha investigado o se investigarán -pregunta Sixto al Ejecutivo español- las actuaciones en España de las mercantiles Fairfax Invest Corp., Pointview Financial Limited y Ultra Mega Development S.A., a las personas físicas Eliseo de León, Elisa Edghill y a la firma panameña de abogados Rosas & Rosas Abogados, a efectos de prevenir o perseguir operaciones de blanqueo de capitales?”

La pregunta parlamentaria escrita de Ricardo Sixto plasma también los datos que señalan que Rosas & Rosas ha sido investigada judicialmente por el posible blanqueo de dinero procedente de las distintas comisiones ilegales o sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en distintos países -entre otros por un caso de blanqueo de dinero y evasión tributaria en Gran Bretaña, cuya cabeza principal es el empresario Derek James Tiney, quien también está acusado de  recibir dinero negro de Odebrechet-, así como por sospechas de haber actuado para blanquear fondos procedentes de otras actividades ilícitas, entre otros países, en Argentina.

La brasileña Odebrecht reconoció públicamente haber pagado en Colombia 11 millones de dólares en sobornos para la consecución de la adjudicación de la obra de construcción de infraestructuras viarias ‘Consorcio de la Ruta del Sol 2 (Odebrecht-Grupo Aval), concesión de la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, como una extensión de la vía Puerto Berrío-San Roque’.

Ricardo Sixto completa su iniciativa preguntando si “¿puede el Gobierno afirmar que España no ha sido utilizada para blanquear capitales procedentes de ilícitos cometidos por la empresa brasileña Odebrecht?” y si, entre septiembre de 2016 y la actualidad, “¿se ha interesado o entregado a la Fiscalía General de la Nación de Colombia o se ha recibido en España procedente de la Fiscalía General de la Nación de Colombia información o solicitud de información relativa a los ilícitos cometidos por Odebrecht?”