Se levanta la veda para matar a más de un millón de animales

El calendario de la época hábil de caza se regula anualmente mediante Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. Para la temporada 2024-2025, el calendario se inicia el 8 de octubre de 2024 y se prolonga hasta el 31 de enero de 2025 para el caso de la caza menor y hasta el 21 de febrero para la caza mayor del ciervo, el gamo, el muflón y el jabalí. La caza de la cabra montés y del corzo, debido a sus ciclos reproductivos, siguen un calendario propio, diferenciándose periodos discontinuos para hembras y para machos.

Este calendario marca la temporada general de caza pero la realidad es que, esta actividad, se permite durante todo el año por vía de autorizaciones concretas como la media veda, daños a explotaciones agropecuarias, control de enfermedades, rececho del ciervo, muflón y gamo, etc.

Según datos de la Consejería de Medio Ambiente, correspondientes a la pasada temporada. En la Comunidad de Madrid hay 42.143 cazadores. Si la población en la región, en 2023, según el Instituto de Estadística es de 6.859.914 millones de habitantes, los cazadores suponen el 0,61 por ciento. En contraste, la superficie incluida en cotos y terrenos libres en los que se permite la caza, asciende al 69 por ciento (556.116 hectáreas) del total de la Comunidad de Madrid (802.800 hectáreas).

Hay que tener en cuenta que durante el periodo de caza, terrenos y caminos públicos afectados por la actividad cinegética, se cierran o se convierten en lugares peligrosos para el tránsito  de las personas no cazadoras. Además desde  2023, se permite la caza en las vías pecuarias, con la excusa del control de daños ocasionados por la fauna silvestre.

Sobre los abatimientos, la pasada temporada, la minoría cazadora mató 1.050.348 animales. Entre las especies cinegéticas más afectadas destacan, en caza menor, el conejo (479.261 animales), la perdiz (233.282), palomas (226.194), zorzales (52.095) y, en caza mayor el jabalí (8.776), el ciervo (2.006), el gamo (1.308), el corzo (652). A estos datos habría que sumar los abatimientos por autorizaciones especiales y de especies exóticas invasoras como cotorras, gansos del Nilo, mapaches o cerdos vietnamitas, cuyos datos no se facilitan.

Para los colectivos Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, la caza, actividad basada en matar animales por diversión, no solo no respeta los derechos de los animales, sino que además limita el conocimiento y disfrute de la naturaleza a la mayor parte de la población no cazadora.

Pero además, esta actividad, que se autoriza todos los años sin estudio, previos sobre la situación de las poblaciones de las especies cinegéticas, está poniendo en riesgo la supervivencia de algunas de ellas. Algunos ejemplos de especies incluidas en el Libro Rojo de las Aves de España 2021 son la tórtola, en declive en toda Europa e incluida en la categoría de vulnerable. En 2018, la Comisión Europea estableció una estrategia que pedía una moratoria para salvar la especie. Sin embargo, Madrid y otras comunidades autónomas siguieron autorizando su caza. La Fiscalía de Medio Ambiente tuvo que llegar a remitir un oficio  en el que conminaba al ejecutivo regional a paralizar su caza. La perdiz roja está en regresión y también está incluida como vulnerable  e incluida como vulnerable. Entre las causas se encuentra la hibridación con la perdiz turca, criada en granjas  y soltadas  en cotos.  La hibridación provoca contaminación genética que con el tiempo supone la pérdida de la especie. La becada es un ave limícola catalogada y amenazada, entre otros factores, por la sobreexplotación cinegética. Desde hace varios años, la Consejería de Medio Ambiente no facilita datos sobre los abatimientos de esta especie. El último dato, 713 animales muertos, corresponde a la temporada de caza 2018-2019.

ARBA, Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura afirman que la administración autonómica no puede seguir poniendo en riesgo la fauna madrileña para favorecer una actividad anacrónica, macabra y decadente.