La Fundación Internacional de Derechos Humanos también cuestiona a la OEA: «En Bolivia no hubo fraude, sino irregularidades en algunas mesas»

El pasado 20 de octubre tuvieron lugar las elecciones generales de Bolivia. En ellas se elegía al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional. Cinco días después, el Tribunal Supremo Electoral anunció los datos al 100 por cien del conteo otorgando al partido Movimiento al Socialismo de Evo Morales el 47,08% de los votos, mientras que Comunidad Ciudadana del candidato opositor Carlos Mesa sumó 36,51%. Según la legislación vigente en el país andino, la diferencia de más del 10% -en concreto 11,59%– del MAS respecto al partido opositor más votado descartaba una segunda vuelta. La Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un conteo rápido oficial que actualizaba los datos del escrutinio parcial de forma online cada tres minutos, quedó paralizada por casi 24 horas en el 83% del conteo rápido, lo que hico despertar suspicacias. En ese momento, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales obtenía el primer lugar con el 45,71% de los votos, contra un 37,84% de la formación de Carlos Mesa. La diferencia entre ambos era de 7,87 puntos y la posibilidad de una segunda vuelta ganaba fuerza. Tras ese dato, los resultados dejaron de actualizarse durante casi 24 horas. A las 18:30 del lunes 21, se reactivó el sistema y los nuevos datos preliminares otorgaban una diferencia de 9,36 puntos entre ambos partidos.

Con la siguiente actualización, que incorporaba los votos desde el extranjero, Morales superaba a Mesa con un margen de 10,14 puntos, suficiente para evitar la segunda vuelta. En diversas ciudades estallaron protestas violentas que denunciaban fraude electoral tras el llamamiento de la oposición a movilizarse frente a la sede central del TSE en La Paz y ante sus delegaciones en las otras ocho regiones bolivianas. Varias sedes del órgano electoral fueron atacadas, algunas de ellas incendiadas. Y entonces llegó la Organización de Estados Americanos (OEA) con un comunicado preliminar que cuestionaba el conteo de los votos y un informe final que denunciaba ya abiertamente una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves”, que “hacen imposible validar los resultados”.

Poco después, un análisis estadístico realizado por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), con sede en Washington, concluyó que “no existe evidencia” para afirmar que hubo fraude electoral por parte del gobierno de Evo Morales o cualquier otra persona en las últimas elecciones. Según el CEPR, la OEA “no proporcionó evidencia sustentando sus declaraciones (de supuesto fraude)”. En síntesis, estas fueron las conclusiones que desmentían falsedades vertidas por la OEA, que hablaba de un «cambio de tendencia» en el conteo, aspecto que entraba en contradicción con los datos objetivos recogidos;

• Los resultados del conteo rápido para el primer 83.85% del conteo de votos son consistentes con una proyección del resultado final que señala como inmediato ganador a Morales con una victoria de más de 10 puntos porcentuales.
• Ni la misión de la OEA ni ningún otro partido han demostrado que hubo irregularidades generalizadas o sistemáticas en las elecciones del 20 de octubre de 2019.
• Ni el conteo rápido ni el conteo oficial exhiben cambios significativos en las tendencias de votación respecto a los resultados finales; más bien, la misma tendencia ya conocida, explicable por diferencias en las preferencias de los votantes en diferentes áreas geográficas, se hace evidente en ambos conteos.
• El recuento legalmente vinculante — el recuento oficial — no se detuvo durante ningún período de tiempo significativo.
• No está claro cómo las objeciones de la misión de la OEA con respecto al conteo rápido afectarían al conteo oficial.

A principios de diciembre, otro análisis de expertos de diversas universidades de todo el mundo, Hardvard, Massachusetts, Cambridge, Toronto, Complutense, y UNAM, entre otras, confirmaron que no hubo fraude en las elecciones de Bolivia. La investigación concluía que la OEA “no incluyó evidencia que respaldara la declaración” en la que la organización expresó una “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de urnas” y frente a esto “se interpretó ampliamente como una acusación de fraude, y después de las elecciones tales acusaciones se tornaron habituales en los principales medios de comunicación”. Y añadía: “es fácil mostrar con datos electorales que el cambio en la ventaja de Morales no fue ni “drástico” ni “difícil de explicar“, ya que “fue parte de un aumento constante y continuo en la ventaja de Morales iniciado horas previas a la interrupción del TREP”.

El crecimiento de votos favorables a Morales en la recta final del conteo se debió a que “las áreas que informaron sus votos posteriormente fueron más pro-Morales que las áreas que informaron sus votos más temprano” señala el análisis, que -además- llama a la OEA a retirar las “declaraciones engañosas sobre las elecciones, las que han contribuido al conflicto político y han servido como una de las “justificaciones” más utilizadas para consumar el golpe militar”.

Ayer, 7 de diciembre, la Fundación Internacional de Derechos Humanos se sumaba a las críticas contra la OEA descartando el «fraude» tan divulgado por los mismos medios de comunicación que silencian al CEPR y a las referidas universidades; «Visto el informe de la OEA sobre las elecciones de Bolivia no hubo fraude sino irregularidades en algunas mesas. Incluso sumando todos los casos, el partido del presidente Evo Morales seguiría manteniendo una diferencia superior al 10%«. La fundación se hace eco de las palabras del presidente Evo Morales del día anterior: «El informe de la OEA señala que encontraron irregularidades en 226 actas. Incluso anulando el voto del MAS-IPSP en esas actas, la diferencia se mantiene por encima del 10%. El único fraude fue el de @OEA_oficial, cómplice del golpe de Estado, para instaurar un gobierno de facto».

A pesar de todas estas evidencias de fraude, pero por parte de la OEA, organismo que ayudó decisivamente al golpe de Estado en conjunción con acciones extremadamente violentas en todo el país, las elecciones en Bolivia se repetirán. La ley para la convocatoria y realización de nuevos comicios en un plazo máximo de 120 días fue aprobada por el Senado de Bolivia de forma unánime a finales de noviembre. En ellos, Evo Morales será jefe de campaña del MAS. Todo ello después de una represión golpista que ha arrojado una treintena de asesinatos por parte de las fuerzas policiales y militares, centenares de heridos, y más de mil detenciones además de cuantiosos daños materiales.