IU impulsa una comisión de investigación en el Congreso que aclare las responsabilidades por las “irregularidades y claroscuros” en la cárcel de Archidona y en la política migratoria del Gobierno del PP
La diputada de Izquierda Unida por Málaga, Eva García Sempere, presenta esta iniciativa ya registrada en una rueda de prensa junto al abogado Juan Moreno, que anuncia que IU recurrirá en las próximas horas la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Único de la misma localidad malagueña de archivar provisionalmente las diligencias abiertas por la muerte del ciudadano argelino Mohamed Bouderbala en este Centro Penitenciario Málaga II reconvertido en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Lunes, 8 de enero 2018.
La diputada de Izquierda Unida por Málaga, Eva García Sempere, ha presentado hoy lunes la petición de creación de una comisión parlamentaria de investigación en el Congreso, en concreto, “sobre las irregularidades cometidas en el Centro Penitenciario de Archidona (Málaga) y el respeto a los derechos humanos en la política migratoria española”. Esta iniciativa ha sido impulsada por IU dentro del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
García Sempere compareció esta mañana en rueda de prensa junto al abogado Juan Moreno, letrado que coordina el equipo jurídico de IU encargado de las cuestiones técnicas relativas a este grave asunto. Moreno, por su parte, anunció que esta formación presentará en las próximas horas un recurso contra la decisión que adoptó el pasado día 4 el titular del Juzgado de Instrucción Único de Archidona de archivar provisionalmente las diligencias abiertas por la muerte del ciudadano argelino Mohamed Bouderbala, el 29 de diciembre, supuestamente debido a un suicidio. El fallecimiento se produjo mientras permanecía aislado en una celda de este mismo Centro Penitenciario Málaga II reconvertido en la práctica en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Bouderbala llevaba semanas retenido en esta cárcel e IU entiende que esta muerte está rodeada de “circunstancias extrañas y múltiples claroscuros”, de ahí su “sorpresa” por el rápido archivo judicial. Estos motivos fueron también los que llevaron a la formación que coordina Alberto Garzón a solicitar la semana pasada personarse como acusación popular en las diligencias archivadas pocas horas después.
Eva García Sempere ha destacado en su explicación a los medios el interés de Izquierda Unida de “ser implacables en la defensa de los derechos humanos”, mucho más en este caso “ante la evidente falta de respeto a los mismos en la cárcel malagueña de Archidona, agravada por las ‘deportaciones express’ de personas migrantes retenidas allí”.
La parlamentaria malagueña de IU señaló que desde esta formación “seguiremos apoyando el buen trabajo de las organizaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos” que actúan en este caso, “pero creemos que también es necesaria la vía parlamentaria” para aclarar las múltiples irregularidades en la actuación del Gobierno del PP que se suceden desde hace semanas en el centro de Archidona.
De ahí que Izquierda Unida haya impulsado crear la comisión parlamentaria de investigación sobre este caso y sobre el conjunto de la política migratoria del Ejecutivo del PP. Esta petición cuenta con la firma de más de 70 diputados/as, como marca el Reglamento, y plantea que una próxima Diputación Permanente apruebe la celebración de un Pleno extraordinario del Congreso que acuerde ir adelante con la comisión.
“Lo ocurrido en Archidona -apostilla García Sempere- no es más que el último ejemplo de los graves fallos de la política migratoria del Gobierno del PP. Queremos conocer las responsabilidades políticas por los graves incumplimientos ocurridos en este caso, así como cuáles son las medidas oportunas para mejorar”.
La diputada andaluza destacó que si se logra que se apruebe la comisión de investigación “estaremos ante la primera vez que se estudia el ‘agujero negro’ que supone el funcionamiento de los CIEs en todo el Estado. Rechazamos que se recojan a las personas migrantes que llegan a España y no se les ofrezca otra política que no sea encerrarles”.
Por su parte, el letrado Juan Moreno explicó que después de que el Juzgado de Instrucción Único de Archidona “decidiera archivar de forma sorpresiva” las diligencias previas que había abierto sobre este asunto “desde Izquierda Unida vamos a recurrir este archivo. Se hará “siendo muy respetuosos con las actuaciones que sigan tanto la representación de la familia del fallecido en este caso como las asociaciones” que se han interesado por el mismo.
Moreno expuso algunos de los “claroscuros en la actuación de la administración pública” que Izquierda Unida aprecia hasta que se llegara a la muerte del joven argelino Bouderbala y que, según su opinión, “obligan a seguir con la investigación”. Entre estos está la existencia de “testigos que vieron lo que pasaba dentro del centro y que no han sido citados por la justicia para declarar. Es sospechoso que estos testigos no puedan comparecer y que algunos hayan sido ya incluso deportados”.
El abogado de IU entiende que “se debe esclarecer también qué pasó en cuanto a la asistencia previa” que recibió la persona fallecida. “La Policía habla de personas que se autolesionaron”, mientras desde otros lados “se han constatado situaciones de estrés y ansiedad entre los retenidos, por lo que debemos saber por qué se sometió a aislamiento a algunas de esas personas en ese estado”.
El letrado indicó también que los máximos responsables de lo ocurrido en la cárcel de Archidona deben aclarar también al instructor, en concreto, “los motivos que llevaron a internar a la persona luego fallecida en una celda de aislamiento sin darle cuenta previamente a un juez. Estuvo allí al menos desde las 15,00h. del día 28 hasta las 09,00h. del 29. Hay que determinar si hubo actuación negligente o imprudente por parte de la administración”.
Juan Moreno enumeró también que debe aclararse “cuál ha sido la actuación de la Policía dentro el centro, a través de sus Unidades de Intervención Policial (UIP), y qué repercusión tuvo en la respuesta de los internos”. A su vez, consideró necesario que “el juez llame a los agentes que entraron en la celda y encontraron el cadáver de una persona a la que se había movido antes de ser encontrada” o que “se investiguen las condiciones de la celda y si influyeron en la situación de estrés” que pudieron derivar en la muerte.