CCOO y UGT advierten de falta de previsión en Correos por las Elecciones en Castilla y León
- Tras el anuncio de anticipo electoral en Castilla y León para el próximo 13 de febrero, Correos no parece tener prisa por organizar los trabajos extraordinarios para afrontar la convocatoria de elecciones. CCOO y UGT exigen negociar de inmediato las condiciones organizativas, de seguridad y las necesidades de personal para la campaña electoral, evitando que se repitan las improvisaciones y el caos en la gestión que las actuaciones del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, han provocado en anteriores citas electorales.
CCOO y UGT ya han denunciado en repetidas ocasiones que el personalismo e impericia del presidente de la compañía, Juan Manuel Serrano, ha puesto en riesgo el desarrollo de sucesivos procesos electorales, que se han acabado salvando gracias a la profesionalidad y compromiso de la plantilla, y a la realización de miles de horas extraordinarias por la falta de previsión.
Además, las centrales sindicales denuncian que se trata a Castilla y León como una “Comunidad de segunda” ya que las convocatorias electorales de Cataluña o de Madrid, el pasado año, se organizaron con mucho más tiempo, aunque las dificultades eran menores por ser Comunidades más pequeñas y con mucha menos dispersión de la población.
Ambas organizaciones sindicales, con un 70% de representación de la plantilla, señalan que, Correos, como empresa encargada del Servicio Postal Universal, tiene obligaciones como servicio público para garantizar el correcto funcionamiento del voto por correo en todo el Estado además de participar en el reparto de propaganda y tarjetas censales a todos los electores/as del territorio afectado.
Por este motivo consideran fundamental cerrar con tiempo suficiente la organización de trabajos extraordinarios y las necesidades de personal. «También queremos recordar que la obligación de Correos es mantener una absoluta imparcialidad en todos los procesos electorales y no poner en riesgo los derechos electorales de los ciudadanos/as dañando, de paso, la imagen de un servicio público hasta hoymuy valorado por la ciudadanía», apuntan las centrales sindicales.
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