El gobierno anuncia su proyecto para extender la prisión permanente revisable

Tal y como adelantó la pasada semana, el ministro Rafael Catalá, la intención del ejecutivo es extender la prisión permanente revisable a seis supuestos penales que no estaban contemplados hasta el momento. La prisión permanente revisable no establece un periodo determinado de cumplimiento de la pena, tan solo establece revisiones a los 25 y 35 años de presidio, funcionando de facto como una cadena perpetua. Los nuevos delitos susceptibles de ser sancionados con esta pena serían:
– Los secuestros que acaben con la muerte del rehén
– Las violaciones reincidentes
– Los asesinatos sin revelación del paradero del cuerpo
– La utilización de elementos radiactivos que causen muertos
– La provocación de incendios susceptibles de causar muerte
– La destrucción de “infraestructuras clave” como líneas de ferrocarril o aeropuertos

El ministro ha defendido tanto la existencia de la pena como su ampliación por su existencia en el resto de legislaciones europeas y por su apoyo social, sin hacer alusión alguna, a pesar de las pregunta de la prensa, a la utilidad y pertinencia técnica de su establecimiento. Según Catalá, todos los países de la UE poseen tipos similares a la prisión permanente revisable y “parece lo normal que en la UE armonicemos los tipos penales”. Así mismo ha reiterado su convencimiento de que el 80% de la población apoya la existencia de este tipo de pena.

El proyecto llama la atención por su presentación en un momento en el que tanto las fuerzas políticas de la oposición como las asociaciones de profesionales condenan y critican esta forma de sanción establecida en el Código Penal en el año 2015. Todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso, salvo el Partido Popular y Ciudadanos, apoyaron el pasado mes de octubre una iniciativa para derogar esta norma.

Así mismo, la asociación profesional de jueces, Jueces Para la Democracia, manifestó su total rechazo a su existencia por ser “contrario al principio de humanidad de las penas que se funda en el principio de dignidad humana reconocido en el art. 10.1 de la CE dada su duración a priori indeterminada”. La medida atentaría directamente contra los principios de reeducación y reinserción social establecidos constitucionalmente en el sistema penal. Además, la asociación criticó directamente la actitud del ejecutivo introduciendo esta norma que, según su comunicado, “responde a la instrumentalización por el Gobierno del dolor de las víctimas con intención de obtener rédito electoral”.