IU presenta en el Congreso su iniciativa para graduar las multas de tráfico “según los ingresos del infractor y no solo de la gravedad de la infracción”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha presentado y registrado hoy en el Congreso la ‘Proposición de Ley para la imposición progresiva y equitativa de las sanciones de tráfico’, de tal manera que la cuantía de las multas “se gradúe e incremente no solo en función de la gravedad de la infracción cometida, sino que se tengan también en cuenta los ingresos y la renta los infractores”.

“No puede ser -valoró Santiago- que una multa arruine el mes a la mayoría de la gente y que para unos pocos la misma multa sea calderilla”. La iniciativa busca revertir la actual situación que implica que “el carácter disuasorio de las sanciones de tráfico se atenúa cuando la capacidad económica es alta y, sin embargo, la pena se agrava cuando la capacidad económica del infractor es baja. Esto resulta claramente injusto y es poco disuasivo de cara a la prevención”.

El portavoz de IU en el Congreso, formación que ha impulsado la redacción de la iniciativa -que firma también el diputado de esta formación Fèlix Alonso-, tras mantener contactos con diversas asociaciones y grupos, así como con interlocutores de la Administración, consideró “justo” y “de lógica democrática” que una infracción tenga las mismas consecuencias para quien infringe la ley, pero que para ello se tenga en cuenta que “quienes cuentan con poco, pagarán menos; quienes cuentan con mucho, pagarán más”.

Resumió que el actual régimen sancionador de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial contempla multas que se gradúan en términos de su gravedad, “de forma que las conductas leves pueden conllevar sanciones de 100 euros y las graves pueden superar los 500 euros en términos generales o más”.

Recordó que “la capacidad económica del infractor solo puede ser tenida en cuenta por un juez cuando la infracción es penal” y que a día de hoy “ya se aplican en otros supuestos” distintos criterios que tienen que ver con los ingresos de la persona, “por ejemplo, a la hora de fijar las fianzas judiciales”.

“Es fácil entender que pagar una multa de 100 euros no supone el mismo esfuerzo para quien cobra más de 5.000 euros que para quien cobra el salario mínimo”, apostilló.  

Enrique Santiago dejó claro que esta propuesta no se debe a una ocurrencia, y señaló que desde hace una década organismos como el Instituto Nacional de Administración Pública respaldan este tipo de criterios que, además, ya se aplican en las legislaciones de países como Finlandia, Suecia, Suiza, Dinamarca o Reino Unido.

Indicó que existe “un principio en el ámbito europeo, que es que los ricos no deben poder comprar el derecho a violar o a saltarse la ley”, mientras que hoy en día resulta “poco disuasorio” el importe de la multa para determinados infractores y “desproporcionado” para otros.

Respaldo esta afirmación con la Constitución Española, que en su artículo 31 indica con claridad que “todos los ciudadanos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”.

“Ajustando la cuantía de las multas a la renta -dijo-, mejoraremos la seguridad de nuestras calles y de nuestras carreteras. Es la única forma en que la amenaza de la sanción sirva para disuadir a todas y todos los conductores, sean ricos o no”.

Recurrió a la ironía en cuanto a los apoyos que puede tener esta propuesta al señalar que “nadie espera que ese Partido Popular de (José María) Aznar o de MAR (Miguel Ángel Rodríguez), esté de acuerdo con esto. Ellos ya nos explicaron con cuántas copas se puede coger el coche, pero esperamos que el resto de formaciones den su apoyo a esta propuesta”.

Tal y como recoge el texto de la iniciativa, el incremento de las sanciones se podría realizar de manera ponderada: en un 150% para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales se sitúen entre los 70.000 y los 85.000 euros; en un 300% entre los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales entre los 85.000 y los 100.000 euros; y en un 500% para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales superiores a los 100.000 euros”.