Amigos de la Tierra lamenta que la propuesta de Ley de Cambio climático no impulse la transformación ecológica y social que España necesita

La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha dado luz verde al proyecto de Ley de cambio climático y transición energética que pasará a su aprobación definitiva en el senado en las próximas semanas.

Amigos de la Tierra, una de las organizaciones pioneras en demandar una Ley de cambio climático, hemos aplaudido la aprobación de una ley tan necesaria y que, “sin duda, representa un hito histórico y un avance imprescindible para que España pueda establecer mayores compromisos que impidan las peores consecuencias de la emergencia climática”. Sin embargo, lamentamos la pérdida de oportunidad que supone la aprobación de una ley que considera poco ambiciosa, incoherente con las recomendaciones de la ciencia y las peticiones de la ciudadanía, y carente de una mirada global sobre las consecuencias de la emergencia climática y las necesidades de transformación ecológica que suponen.

Una ley tardía y carente de ambición

A través del informe de 2018, el IPCC advirtió de las desastrosas consecuencias para la vida en su conjunto que tendría un aumento de la temperatura por encima de 1.5º. En 2019, el informe de Naciones Unidas para el Medio Ambiente cuantificó la necesidad de una reducción mundial anual del 7,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la década 2020-2030. Además, España ha sido declarado como uno de los países más vulnerables al cambio climático de Europa.

En este escenario de urgencia, hemos denunciado la falta de ambición de la Propuesta de Ley aprobada al presentar un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 23% para 2030.

“Con la insuficiente reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que establece la Ley, se está haciendo oídos sordos a la ciencia, a la ciudadanía y a la responsabilidad histórica de España en la emergencia climática. Esta es una ley tardía y carente de ambición” ha declarado Cristina Alonso, responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra. “Sin un aumento de ambición del 55% esta ley no tiene sentido. Pareciera ser un lavado de cara ante la sociedad y un contrato para el mantenimiento del status quo de los grandes poderes”.

Una transición energética incompleta y peligrosa

La Propuesta de Ley de cambio climático y transición energética aprobada hoy, marca un objetivo de penetración de renovables del 42% sobre el uso final de la energía y un 74% de energía renovable en la generación eléctrica para el año 2030. Sin embargo, Amigos de la Tierra consideramos que estos objetivos son insuficientes.

“El objetivo de penetración de renovables marcado en el Proyecto de Ley de cambio climático es insuficiente. Necesitamos alcanzar el 100% de energías de origen renovable en el consumo de energía final para el año 2040 y un sistema eléctrico 100% renovable para el año 2030” ha señalado Alonso. “Además, la falta de planificación y participación de la ciudadanía está dando lugar a la proliferación de megaproyectos liderados por las grandes empresas energéticas, lo que ya está causando impactos ambientales y sociales y generando gran oposición en muchos territorios”.

Los datos oficiales sobre el mix eléctrico muestran que, en 2020, el 99,5% de la capacidad renovable instalada actualmente pertenece a grandes empresas privadas, es decir, sólo hay un 0,05% de participación ciudadana. Por ello, hacemos un llamamiento a asegurar la democratización de la energía con medidas claras de descentralización:

“La Ley establece objetivos vinculantes de instalación, sin embargo, no existe ninguna planificación en términos de democratización. La ciudadanía tiene que dejar de ser considerada un actor pasivo en calidad de “consumidora” para convertirse en un agente activo. Lo marcan las directivas europeas y lo demanda la ciudadanía.” ha afirmado Cristina Alonso. “Mientras las grandes empresas se benefician de la transición energética se está desaprovechando el enorme potencial de la energía comunitaria para generar energía limpia y cercana, y crear empleo”.

La emergencia climática no se puede frenar con combustibles fósiles

La Propuesta de Ley de cambio climático y transición energética ha sido presentada con un cambio de su Artículo 11. La modificación del término “transporte aéreo” por simplemente “transporte” abre las puertas al uso del gas en todo el sector transporte, un sector que debe ser descarbonizado urgentemente siguiendo principios de reducción de demanda, colectivización y electrificación.

“No se puede frenar la emergencia climática apoyando los combustibles fósiles. Este cambio en el texto responde solamente a los intereses de la industria del gas” ha señalado Cristina Alonso. “La Ley debe impulsar una descarbonización total de la economía y el uso de combustibles como el gas debe estar muy restringido a sectores industriales de difícil reconversión. Esta decisión deja claro cuál es el camino que se esconde tras lo que llaman una Ley de transición energética. Vamos en dirección contraria al Acuerdo de París”.

Una Ley tuerta que ni frena el cambio climático ni transforma la energía

La Ley de Cambio climático y transición energética no establece objetivos concretos para el sector agrícola si no que remite a la Política Agraria Común, así como a otros planes, estrategias y programas de política agraria y desarrollo rural como el Plan Forestal Español para reducir la vulnerabilidad al cambio climático.

“La producción industrial de carne para exportación es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero en España. El Gobierno mira hacia otro lado mientras la proliferación de macrogranjas por todo el territorio y la desaparición de la agricultura local y a pequeña escala agravan el cambio climático” ha afirmado la responsable de Justicia Climática.

Por último, lamentamos que la Ley de cambio climático y transición energética no atienda tampoco a la crisis de residuos y recursos naturales en la que España se encuentra. La falta de ambición del gobierno por avanzar en la transición ecológica resulta también evidente en el actual proceso de reforma de la Ley de Residuos, que debe implementar nuevas obligaciones europeas en materia de economía circular y plásticos. Los borradores conocidos hasta la fecha están lejos de revertir la dramática situación actual, en la que en torno a un 70% de los residuos municipales generados acaban en vertederos o incinerados, con el consecuente impacto sobre la salud de las personas y el planeta.

Además, el texto no despliega todo el potencial de la materia orgánica (responsable del 40% de la bolsa de basura en peso) para reducir las emisiones GEI y mejorar la resiliencia de los suelos frente al cambio climático. Tampoco se establecen obligaciones concretas para productores y comerciantes en materia de prevención, que sigue siendo la gran olvidada de la política de residuos.

“La falta de coherencia de políticas es una señal clara de que estamos dando palos de ciego en la transición ecológica que necesitamos. De poco sirve aprobar leyes si no hay coherencia entre ellas y si no dan respuestas a las causas de la crisis en las que nos encontramos. Necesitamos una Ley más ambiciosa, alineada con la ciencia, con la llamada de la ciudadanía y que impulse la transición ecológica y social que España necesita” ha concluido Cristina Alonso, responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra.