Enrique Santiago ve “fundamental” recuperar los “bienes usurpados” con las inmatriculaciones y responde al PSOE que “al Estado le quedan muchas obligaciones por cumplir”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, ha asegurado que es una “tarea fundamental” tratar de recuperar lo que calificó de “bienes usurpados por la Iglesia católica al patrimonio público” gracias al largo proceso de inmatriculaciones, iniciado durante el franquismo y que se impulsó aún más desde los gobiernos del Partido Popular.

Santiago ha hecho esta valoración al inaugurar en el Congreso, junto a José María Rosell, presidente de la plataforma ‘Recuperando’, la jornada ‘Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural: una cuestión de Estado’, organizada por IU desde el Grupo Plurinacional Sumar. En ella han participado expertos y expertas en este proceso de apropiación irregular de inmuebles y fincas, junto a algunas de las asociaciones más destacadas que trabajan en distintos territorios para revertir esta situación.

El también portavoz de Justicia de IU y del grupo de Sumar señaló que “prolegómeno a estas jornadas ha sido la pregunta que presentamos, a petición de la plataforma ‘Recuperando’, para conocer qué medidas iba a tomar el Gobierno para abordar esta problemática desde 1945 hasta 1998, así como medidas relativas a la Mezquita de Córdoba”.

.@Sumar trabaja junto a @_Recuperando para revertir las Inmatriculaciones de bienes del patrimonio usurpados por la Iglesia católica mediante leyes de la dictadura y del Gobierno del PP.

Por ejemplo, la @MezquitaCatdral de Córdoba no fue construida ni comprada por la Iglesia. pic.twitter.com/4NSvvyT3To

— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) April 8, 2024

“Lo digo claramente, estamos en un Gobierno de coalición -indicó Santiago-, pero la contestación que ha dado el Ministerio de Presidencia y Justicia ni nos satisface, ni estamos de acuerdo con ella. No es correcto que las obligaciones del Estado cesen con la elaboración de ese listado de los 35.000 bienes expropiados. El Estado tiene muchas más obligaciones, en cumplimiento, incluso, de sentencias del Tribunal Europeos de Derechos Humanos”.

En la citada respuesta parlamentaria a la pregunta que registraron en febrero Enrique Santiago y el también diputado y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, el departamento de Justicia considera que no tiene ‘pendiente obligación alguna’ que resolver en cuanto al tema de las inmatriculaciones.

‘El Gobierno -asegura en su respuesta- remitió el listado completo de inmatriculaciones que dispuso la PNL de 4 de abril de 2017, cumpliendo la obligación que le impuso el Congreso de los Diputados respecto al espacio temporal que acotó la misma PNL, no existiendo pendiente obligación alguna al respecto’.

Enrique Santiago adelantó también durante la jornada que “nos parece esencial que haya una ley específica, o que se modifique la legislación actual en vigor, para que se otorguen competencias y obligaciones al Estado para proteger todos los bienes declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Debe haber una normativa estricta que no solo evite su apropiación indebida, sino que, al margen de quien sea su titular, obligue a su debida conservación, acceso público y que posibilite el disfrute por toda la sociedad”.

Previamente agradeció en su intervención la “dedicación y las horas de trabajo de ‘Recuperando’ y de tantas asociaciones y personas que las componen por lo público”. Sin ese trabajo no sería posible que lo que tachó como un “problema histórico” y un “despojo de bienes culturales realizado por la Iglesia católica se conociera en la sociedad y también los avances que se están haciendo, en especial en la última legislatura”.

Explicó que para el grupo parlamentario de Sumar es un “privilegio” abordar esta cuestión “porque ha sido una preocupación nuestra desde hace muchos años, con numerosas iniciativas realizadas desde el grupo de Izquierda Unida. Siempre hemos considerado una prioridad acompañar el trabajo del movimiento laicista y del movimiento memorialista”.

Recordó que “incluso ha habido enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado varios años para acabar con esta situación, lo que era entonces la necesidad de supresión de ese privilegio de emisión de certificaciones por parte de la Iglesia católica”, algo que se remonta a 1946 y que luego “el Gobierno del PP fortaleció, en lugar de quitar esa competencia usurpadora, y dio más privilegios de los que había dado el franquismo”.

A su juicio, “esto retrata bastante bien cuál es la vocación escasamente democrática y de defensa de la público del Partido Popular”.

En 2017 se presentaron dos proposiciones de ley, una por el diputado de IU Ricardo Sixto, que no se aprobó, y otra del PSOE, que sí se aprobó, “para instar al Gobierno a elaborar un estudio de los bienes inmatriculados en favor de la Iglesia desde 1998, cuando se aprobó la ley del PP”.

Esa lista se publicó en 2021. En el pacto para el primer gobierno de coalición de izquierdas entre el PSOE y Unidas Podemos, en 2019, ya se recogían las modificaciones legislativas para recuperar estos bienes. El listado recogía casi 35.000 bienes inmatriculados entre 1998 y 2015. “Desgraciadamente hubo un procedimiento de negociación con la Iglesia que, desde nuestro punto de vista, no fue nada transparente ni ajustado a derecho, únicamente se reconoció de mutuo acuerdo”, detalló Santiago, para apostillar irónico que “es complicado ponerse de acuerdo con un usurpador para que reconozca que ha usurpado 35.000 bienes”.

De la misma forma, tachó de “migajas” este acuerdo entre el PSOE y la jerarquía de la Iglesia católica, hecho “para que la opinión pública se tranquilizara. Se reconoció la indebida inmatriculación de unos 1.000 bienes, aunque quizá la Iglesia pretendía con eso ‘legalizar’ su indebida posesión de esos otros más de 33.000 bienes”.

En 2022 se aprobó otra proposición no de ley de Unidas Podemos, en este caso para instar al Gobierno a “seguir clarificando la situación jurídica de estos bienes inmuebles y remover los obstáculos para su recuperación por sus legítimos propietarios”.

“Yo pongo el mismo ejemplo -dijo-, quizás porque soy diputado por Córdoba, es evidente que la Mezquita no la construyó la Iglesia católica y si está inscrita en un registro a su nombre es porque se la han apropiado indebidamente”. Señaló que “es doloroso, porque aparte de ser insultante incluso a la inteligencia, es que es un bien declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, y ha sido expropiado a la sociedad, lo que demuestra es que ha habido una legislación escasamente democrática y demasiado rémora todavía de una dictadura”.

Enrique Santiago adelantó también que “nos parece esencial que haya una ley específica, o que se modifique la legislación actual en vigor, para que se otorguen competencias y obligaciones al Estado para proteger todos los bienes declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Debe haber una normativa estricta que no solo evite su apropiación indebida, sino que, al margen de quien sea su titular, obligue a su debida conservación, acceso público y que posibilite el disfrute por toda la sociedad”.

Explicaciones de Nahuel González

La actividad del encuentro se ha dividido en dos mesas de trabajo, antes de la clausura que corrió a cargo del portavoz del grupo, Íñigo Errejón. La primera, denomina ‘Revertir las inmatriculaciones de la Iglesia: una herida abierta en nuestra democracia’ estuvo moderada por Asunción Villaverde, perteneciente a ‘Europa Laica’. Intervinieron Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil; Cristina Contreras, abogada y portavoz de la plataforma ‘Recuperando de Navarra’, junto al también diputado de IU en el grupo de Sumar, Nahuel González.

Este último destacó que es “importante saber quién es quién a la hora de defender causas, quién defiende lo público y quién defiende lo privado; las personas que defienden lo público y estáis en esta batalla por recuperar el patrimonio de todas y la dignidad de tantas personas tenéis un valor especial”.

Apostó también por “aterrizar este debate en lo cotidiano, llevarlo a lo práctico”. Esto se traduce en “hacer que cualquier persona entienda lo importante que es que en su pueblo o en su comarca ese espacio patrimonial que ha permanecido allí durante siglos, que es parte de nuestra vida diaria y nuestra historia, no puede ser privado, debe ser del pueblo”.

Nahuel González apuntó también que “esto no es una guerra contra la espiritualidad, ni mucho menos. La Iglesia se equivoca entendiendo que es un debate entre católicos y no católicos. Para una persona cristiana también sería bonito entender que un espacio que ha permanecido durante siglos sea un espacio público”.