Denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el proceso irregular del recorte a la renovables

La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, junto organizaciones, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, y partidos políticos, han puesto hoy en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción en Madrid los hechos que creen son constitutivos de delito en la arbitrariedad y falta de respaldo técnico a la hora de fijar los criterios en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables, cogeneración y residuos, y que ha supuesto un recorte de unos 3.000 millones de euros anuales, el llamado “hachazo” a las renovables. Piden a la Fiscalía que abra una investigación y determine responsabilidades.

En el acto de entrega del escrito de denuncia en la Fiscalía han estado presentes, junto a las organizaciones denunciantes, representantes de los partidos políticos que han suscrito la denuncia: Álvaro Abril (PSOE), Carolina Bescansa (Podemos), Carolina Punset (Ciudadanos),  Marga Ferrer (IU), Carlos Martínez Gorriarán (UPyD), Chuse Inazio Felice (CHA), Juantxo López de Uralde (EQUO), Joan Baldoví (Compromís), Joan Coscubiela (ICV) e Inés Sabanés (Ahora Madrid).

La denuncia ha sido también avalada por el apoyo de más de 100.000 personas que se han sumado a esta campaña online a través de la organización Avaaz.

Los elementos centrales de la denuncia giran en torno a:

• Un recorte de 3.000 millones de euros anuales caracterizado por la arbitrariedad y la falta de respaldo técnico;
• Más de 600.000 euros invertidos en consultores externos con los que no se contó al redactar la normativa;
• Numerosas contradicciones en la cronología de un proceso que se adjudicó “a dedo” argumentando la extrema urgencia del mismo;
• Ausencia de la más elemental transparencia, aderezada con presuntas presiones del Gobierno a las consultoras para que validaran el “hachazo”;
• Se considera que los hechos pudieran ser constitutivos de delito de prevaricación y se apunta como autor, fundamentalmente, a Alberto Nadal Belda, Secretario de Estado de Energía.

El texto completo de la denuncia y sus anexos se pueden consultar en este enlace.

Por otro lado, las mismas organizaciones exigen al Gobierno que pida responsabilidades políticas al ministro Soria, no sólo como responsable máximo del hachazo irregular a las renovables, sino también de la nefasta política energética en materia de renovables de los últimos cuatro años. A los graves hechos que las organizaciones presentan ante la Fiscalía, se suma el Proyecto de Real Decreto para la regulación del autoconsumo recién publicado para alegaciones por el Ministerio de Industria. Según las mismas organizaciones, este Proyecto de Real Decreto de Autoconsumo supone un nuevo golpe antidemocrático al derecho de los ciudadanos a elegir la energía que consumen.

Todos estos hechos demuestran la existencia de una clara estrategia del Gobierno dirigida a la paralización del desarrollo de las energías renovables en España, a pesar de la urgente necesidad que hay en nuestro país de apostar por la innovación y los sectores intensivos en creación de empleo como las renovables; y una apuesta decidida por mantener el actual statu quo de oligopolio eléctrico que el autoconsumo y las renovables abrirían a la participación activa de la ciudadanía.

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