Colectivos de personas transexuales y familias se sienten decepcionados e indignados con la creación de una “Unidad de Atención para Menores Trans” en Galicia

Este viernes día 7 de julio, el Faro de Vigo anuncia que la Xunta de Galicia creará una unidad sanitaria «de referencia» para la atención a menores transexuales, que estará ubicada en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. En la noticia se informa que estará formada por un “equipo multidisciplinar de expertos” compuesto por pediatras, endocrinos y profesionales de la salud mental.

Cuando las CCAA de Andalucía en 2014, Madrid en 2016 y Valencia 2017, han aprobado leyes que despatologizan las identidades trans y reconocen como un derecho humano fundamental la libre determinación de la identidad y expresión de género, pero además estamos a las puertas de registrar una Ley Trans Estatal, fundamentada en estos dos principios, la noticia ha nos indignado a las personas trans y familias, a excepción de quienes la han celebrado, pactado en nombre de una “supuesta” representatividad y usurpación de la voz de las personas trans y familias. “Retrotraernos a viejas, retrogradas y segregatorias formas de atención, contrarias a la despatologización y a la novedosa pero necesaria figura del derecho; la libre determinación de la identidad y expresión de género, anunciándose como un “modelo nuevo”, es un ejercicio torpe de malabarismo que solo esconde intereses que no son los de las personas trans”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans. Quien añade, “Nuestro derecho a recibir una atención igualitaria, de calidad, profesionalidad y no segregada, no puede ser moneda de cambio. Es indigno que por la firma de un “convenio” se vendan los derechos de las personas trans”.

En efecto, el derecho a la libre determinación de identidad y expresión de género es un derecho fundamental, manifestación del derecho a la dignidad de las personas y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y como tal sólo se verificará si se basa en el sexo sentido como propio, conforme al principio de libre autodeterminación. Por ello mismo, los tratamientos a que deseen someterse las personas trans, únicamente deben estar condicionados al consentimiento informado emitido por el usuario o sus representantes, en las mismas condiciones que el resto de los usuarios del sistema sanitario. Lo contrario es seguir estigmatizando a las personas trans, desconfiando de ellas y discriminándolas, por el sólo hecho de que el sexo que se les asignó al nacer no corresponde con su identidad sexual, optando además por seguir segregándolas en “unidades multidisciplinares”. Para que las personas trans sean atendidas por un profesional con formación en la materia no es preciso que existan esas unidades, ni es algo que deba estar reservado a unos pocos profesionales como pretenden quienes las componen actualmente, ya que los tratamientos coinciden con los de usuarios cisexuales* del sistema de salud.

Las y los profesionales sanitarios que atienden y acompañan a las personas trans no requieren de conocimientos específicos más allá de los incluidos en sus propias disciplinas, es decir, un médico endocrinólogo debe conocer los tratamientos con hormonas y sus efectos al igual que un psicólogo debe poder acompañar cualquier situación de stress producida por el tránsito o la presión (buylling, acoso) del mismo modo que acompañaría una situación similar en una persona cisexual. “Por lo tanto, pretender justificar la existencia de las unidades como únicas capacitadas para acompañar los tránsitos sociales de las personas trans es tratar de dirigir el pensamiento colectivo hacia modelos psicosociosanitarios que no se corresponden con el sentir de las propias personas trans, de sus familias y es contrario a sus derechos”, asevera Cambrollé.

La historia reciente nos demuestra como el colectivo de personas trans han sido sometidas al maltrato físico y psíquico por aquellos que se autodenominan “expertos”, no vamos a permitir que prevalezca la vanidad de algunos profesionales, la ilegítima representatividad y los intereses políticos al interés del colectivo de personas trans. La obtención de atención sanitaria debe ajustarse a las necesidades de los usuarios, en vez de a las estructuras laborales de los profesionales, a intereses económicos de quienes se otorgan la representatividad y menos aún a intereses políticos.

La Federación Plataforma Trans, insta a la supresión de dicho modelo de atención y apoya a las familias y asociaciones que están promoviendo en Galicia una Ley de Identidad Integral de Transexualidad en la Comunidad Gallega, que aboga por la despatologización real y se fundamenta en la libre determinación de la identidad y expresión de género. En este sentido hacemos un llamamiento a todos los Grupos con representación en el Parlamento Gallego a votar el trámite parlamentario de dicha propuesta y apoyar unánimemente la aprobación de la misma.