«Esta reforma satisface a las exigencias de la patronal y supone para la clase trabajadora un paso atrás en materia laboral, sanitaria y del modelo de pensiones» COESPE

Esta reforma satisface a las exigencias de la patronal y supone para la clase trabajadora un paso atrás en materia laboral, sanitaria y del modelo de pensiones. Nos preocupa y denunciamos que esta verdadera contrarreforma impulsada por el poder financiero neoliberal de manera global, en nuestro país, ha sido aceptada por el Gobierno de coalición y los agentes sociales, CCOO y UGT.»

Para COESPE este acuerdo favorece «la privatización de la sanidad pública, cediendo la aprobación de las bajas laborales y en su caso, la revisión de las pensiones por incapacidad, a las mutuas empresariales privadas.»

Es evidente el conflicto de intereses, solo personal sanitario funcionario público debe intervenir en esta cuestión, mantienen desde la Coordinadora. El personal sanitario de empresas privadas «está sometido a presiones de todo tipo para acortar las bajas en interés de los patrones», critican desde COESPE.

Con este acuerdo dejan en la estacada a sectores sociosanitarios públicos en condiciones de trabajo muy deficientes e irregulares que precisan medidas urgentes para ampliar sus plantillas y recursos para garantizar la salud de todos los ciudadanos y especialmente de las personas mayores.

Por todo ello, denuncian que el acuerdo del 31 de julio:

• Abre la vía a que las Mutuas privadas controlen la salud de las y los trabajadores y permite que las Mutuas entren en competencias que hasta el momento eran materia exclusiva del sistema sanitario público.

• Entrega al empresariado privado decisiones que deben pertenecer a la Seguridad Social

• Entrega nuestros datos sanitarios a empresas privadas y sus negocios.

• Cede la interpretación de las situaciones de incapacidades y enfermedades derivadas de accidentes o enfermedades a la patronal.

• Promueve la sanidad privada derivando fondos de la Seguridad Social hacia las empresas privadas, cuyos objetivos son aumentar sus ganancias y, por tanto, no dudan en empeorar la asistencia sanitaria.

Este acuerdo llega en paralelo con las últimas reformas en materia de pensiones que estimulan a trabajar más allá de la edad de jubilación, para que los gobiernos puedan seguir reduciendo las pensiones. Reformas que se producen sin haber efectuado una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social que, lejos de ser deficitarias, sirven para pagar gastos impropios como rescates bancarios o militares. Reformas que siguen sin abordar la brecha de género, sin resolver el problema, quienes han cotizado más de 40 años y ven su pensión recortada. A razón de la Coordinadora en Defensa de las Pensiones son medidas que «no sirven para aumentar el empleo joven y de la mujer, y solo favorecen al empresariado y al poder financiero, que bajo el falso nombre de “planes de empleo” promueven desviar las cotizaciones sociales a fondos privados de pensiones de manera obligatoria en los Convenios y, por el contrario, impulsan prolongar la vida laboral más allá de los 67 años.»

Para la plataforma la solución para garantizar las pensiones públicas pasa por «derogar las reformas de los últimos años, realizar la auditoria, devolver los fondos y el patrimonio saqueado. Pero ello no será posible sin la movilización de las personas pensionistas y trabajadoras. Por ello llamamos a toda la sociedad, especialmente a las y los trabajadores y al colectivo pensionista, a defender sus derechos hoy amenazados. Os convocamos a participar en la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre en todas las plazas y pueblos del estado en acciones en solidaridad con el día del mayor, qué organizaciones hermanas impulsan a nivel mundial, una semana en que se debería intentar en los centros de trabajo difundir información y realizar reuniones.» Tras esas acciones convocan el próximo 26 de octubre a marchar sobre Madrid en una gran manifestación estatal en defensa del sistema de pensiones y los servicios públicos como la sanidad.