El Comité Provincial del PCE apoya las concentraciones por la decisión del Tribunual Supremo en favor de la Banca en León y Ponferrada

En León ante la Audiencia Provincial en la calle El Cid y en Ponferrada Frente a los Juzgados, en la Avenida Huertas del Sacramento. Además, el Partido quiere manifestar a través de este comunicado su posición pública:

El PCE muestra su absoluto rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto a las hipotecas por anteponer el interés de la banca a los intereses generales de nuestro pueblo.

EL PCE considera que esta sentencia supone una nueva actuación irregular de la justicia española que vuelve a favorecer a los más poderosos, a la banca rescatada con más de 60 mil millones de euros de nuestros impuestos, a la banca que no ha parado de incrementar sus beneficios y los millonarios salarios de sus ejecutivos desde que se inició la gran estafa denominada “crisis”.

Tras dos días de debates, el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, convocado de forma anómala e irregular, ha enmendado la doctrina consolidada por la sección del Tribunal experta en materia tributaria, para favorecer a la misma banca que paga habituales honorarios a los jueces en conceptos de conferencias y cursos en sus escuelas de élite. Detrás de esta lamentable decisión se encuentra el Presidente de la Sala Tercera, Díez-Picazo, avalado por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y anteriormente alto cargo del Gobierno de Aznar, Carlos Lesmes, todo ello al dictado de las constantes amenazas de una banca que se ríe del Estado de Derecho.

La justicia se ha convertido en una herramienta liberticida, acostumbrada a encarcelar a tuiteros, cantantes, artistas o activistas sociales por ejercer las libertades públicas constitucionales y reconocidas en las declaraciones internacionales de derechos humanos.  La misma justicia que olvidó que su única legitimidad consiste en emanar del pueblo, ha perdido la poca legitimidad que le quedaba al actuar descaradamente al dictado de la banca. Los esfuerzos de numerosos jueces y funcionarios judiciales que en nuestro país trabajan a diario por conseguir una administración de justicia que preste un servicio público de calidad, se convierten en estériles a la vista del constante desprestigio fruto de numerosas actuaciones irregulares de los tribunales.

En esta ocasión, el poder judicial ha traspasado todas las líneas rojas. Es imprescindible una reforma en profundidad de la justicia, reforma que implica cambios constitucionales profundos para acabar con un poder judicial endogámico, al servicio de las minorías, lastrado por su pasado franquista y nunca modernizado ni democratizado en profundidad.