En Comú Podem pregunta al Gobierno por la investigación de los crímenes franquistas a la que insta el Parlamento Europeo
En 2015 vio la luz el Informe Nagy, promovido por el Parlamento Europeo y que analiza la situación de los Derechos Fundamentales en el ámbito de la Unión Europea.
El pasado 16 de diciembre de 2016, hace menos de un mes, se aprobó por una amplia mayoría una enmienda al documento por el que se instaba a los estados miembros a que investiguen los crímenes de lesa humanidad que hayan ocurrido en suelo europeo. La iniciativa, promovida entre otros por los eurodiputados Miguel Urbán, Marina Albiol y Ernest Urtasun, fue aprobada por una amplia mayoría (456 votos a favor, 138 en contra y 104 abstenciones). La enmienda aprobada por el Parlamento Europeo se elaboró tras la negativa del Gobierno Español a investigar los crímenes franquistas e incluye además la advertencia de que desoír las recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos vulnera los principios básicos del Estado de Derecho.
Por ello, Joan Comorera, senador de En Comú Podem, ha registrado una pregunta dirigida al Gobierno de Rajoy para que explique las medidas o normas que se van a incluir en la legislación española para llevar a término las recomendaciones del Parlamento Europeo. Hasta la fecha, el Gobierno de Rajoy y el Partido Popular han demostrado una escasa o nula sensibilidad para con el dolor y el sufrimiento de quiénes fueron víctimas de la dictadura franquista. Comorera afirma que “El Gobierno de Rajoy ha derogado de facto la Ley de Memoria Histórica, a la que ha privado de fondos económicos durante los últimos ejercicios presupuestarios, y ahora está por ver si también va a desobedecer las recomendaciones que hace la propia Unión Europea a través de su Parlamento”.
El Gobierno Rajoy, además, ha bloqueado cualquier intento de investigación internacional sobre los crímenes de la dictadura franquista, como el promovido por la jueza argentina María Romilda Servini. El documento aprobado por el Parlamento Europeo, no obstante, exige a los Estados miembros a que “colaboren con las investigaciones judiciales nacionales o internacionales destinadas a esclarecer responsabilidades en este ámbito y a procurar verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad”.
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