Maíllo defiende la remunicipalización de la gestión del agua, «más eficaz y más rentable para los pueblos»

Antonio Maíllo, coordinador general de IU Andalucía se ha desplazado hoy a la localidad jienense de Vilches para «respaldar y celebrar» la decisión del citado Ayuntamiento de IU, por recuperar el servicio de agua para el pueblo . «Vilches se ha convertido en ejemplo de cómo es posible la gestión directa del agua por parte de los servicios de ayuntamiento lejos de la privatización que lo que hace es encarecer los precios de este derecho humano».

Para IU, la aplicación de esta medida por parte del equipo de gobierno del Alcalde de IU, Bartolomé Guijo, demuestra que » en los ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida se trabaja y gestiona políticas eficaces y rentables porque, recuperar el agua como servicio público es recuperar un derecho humano y una gestión directa no sometida a arbitrajes privados».

Vilches lo ha situado Maíllo como ejemplo de la moción presentada por IU y aprobada en el Parlamento andaluz para que los ayuntamientos «eviten los cánones discrecionales que obliga a hipotecar la gestión municipal y blinda el corte de suministro a las personas que no pagan las facturas por falta de recursos» . Sin embargo, resulta «vergonzoso el incumplimiento fragante del los acuerdos del parlamento de Andalucía por parte del gobierno de Susana Díaz«.

IU presentó el pasado año una moción en materia de gestión del agua como un derecho humano fundamental que consiguió el apoyo del Pleno del Parlamento. Las mociones son de obligado cumplimiento para el gobierno. Así lo recoge el reglamento del Parlamento, «es por ello que la Comisión, en aplicación de la resolución del presidente del Parlamento, ha estimado y aprobado la necesaria comparecencia del consejero de Medio Ambiente, con carácter de urgencia, en el Pleno del Parlamento, a fin de que explique por qué el ejecutivo no aplica lo que el Parlamento aprueba».

Antonio Maíllo ha reiterado que «el agua y la luz no son objeto de consumo ni especulativo, es un servicio público cuyos beneficios se deben de reinvertir en los propios ayuntamientos».

IU plantea a corto plazo dos medidas. Por una parte, la capacidad que tienen los gobiernos para intervenir en los precios de la luz, «ello, insiste Maíllo, se puede hacer con un decreto o medida dispositiva de ley de urgencia en el congreso de los diputados«. En segundo lugar, abrir el debate social sobre la titularidad pública de las eléctricas para evitar los abusos que hoy por hoy cometen. Maíllo ha insistido en la importancia social de acciones como esta así como, la admisión por parte de la Fiscalía Provincial de la denuncia formulada por Izquierda Unida para investigar posibles fraudes cometidos por las compañías eléctricas en la ola de frío.