El diputado Bustamante explica el recurso de inconstitucionalidad contra una ley del suelo de la derecha andaluza “concebida para el negocio y no para una transición justa del territorio”

El diputado de Izquierda Unida por Sevilla en el grupo de Unidas Podemos, Miguel Ángel Bustamante, ha denunciado esta mañana que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) “está concebida para el negocio” y “solo busca generar una burbuja más que una transición justa y sostenible del territorio”.

Bustamante hizo esta valoración a las puertas del Congreso para explicar, junto a diputados/as andaluces de Unidas Podemos como Martina Velarde, Isabel Franco, Pedro Honrubia y Juan Antonio Delgado, el recurso de inconstitucional registrado contra esta ley.

El parlamentario sevillano de IU consideró que el recurso es “fundamental” para corregir los graves defectos que “tanto en la forma como en el fondo” tiene la norma aprobada por la derecha y la ultraderecha andaluza, con la abstención del PSOE.

Advirtió de que la ley fue aprobada “por el procedimiento de urgencia” cuando “la decisión política y el anteproyecto se inician antes del Covid-19 y luego se utiliza para sacarla adelante el pretexto de la situación económica y social derivada de la pandemia para tramitarla de urgencia”.

“Se han limitado -detalló- los tiempos del debate político y del plazo de enmiendas, incluso el plazo de enmienda a la totalidad, así como la audiencia y la participación de la sociedad”. Por lo tanto, “vulnera el principio democrático de participación, cuando el Constitucional dice que los procedimientos de urgencia deben ser la excepción y no la norma”, apostilló.

Miguel Ángel Bustamante destacó que esta urgencia “no justificada” obedece a la “calculadora electoral” del Partido Popular. A su juicio, “a nadie se le escapa que Andalucía era un territorio donde se preveía un adelanto electoral y han utilizado el trámite de urgencia para tener la ley aprobada cuanto antes en base a los cálculos electorales de Moreno Bonilla, que parece que ahora han cambiado tras los resultados en Castilla y León”.

Sobre el fondo del contenido de la ley, advirtió de que “incorpora como actividad en los usos de suelo rústico, además de las ya tradicionales de agricultura, ganadería, cinegética o forestales, a la minería y los megaproyectos de renovables”. De ahí que la ley “no busca la necesaria transición energética que necesita Andalucía y todo nuestro país, sino que es una ley concebida para el negocio”.

Bustamante explicó también que al incorporar estos elementos “rompe la autonomía municipal que establece la Constitución en sus artículos 137 y 140”. Desde Izquierda Unida “como fuerza política municipalista que somos, creemos que era fundamental dar la batalla en el marco político. Lo hicimos en el Parlamento andaluz, donde no prosperó nuestra enmienda a la totalidad y ahora, junto a los colectivos, entendemos que era importante presentar este recurso de inconstitucionalidad ante una ley que solo busca generar una burbuja de negocio más que una transición justa y sostenible del territorio”.

A preguntas de los/as periodistas indicó que “esperamos que el Constitucional resuelva lo más pronto posible, porque creemos que esta ley puede marcar el futuro de Andalucía para los próximos 30 años”.

El diputado de Izquierda Unida por Sevilla en el grupo de Unidas Podemos agradeció el apoyo mostrado por diversos colectivos a este recurso, entre ellos Ecologistas en Acción, además del respaldo de las formaciones con representación parlamentaria “que han permitido alcanzar a Unidas Podemos las 50 firmas de diputados/as para el recurso de inconstitucionalidad”.

Para Unidas Podemos, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) es contraria también a los valores de protección del Medio Ambiente del artículo 45 de la Constitución.

Además, el texto del recurso establece que la autonomía municipal queda seriamente tocada por distintos contenidos de esta norma consensuada por la derecha y la ultraderecha ya que “se sustituye el racional ejercicio de la potestad municipal planificadora, por una suerte de urbanismo aleatorio que permitirá introducir usos y explotaciones destructoras de los valores ambientales con que cuenten los suelos afectados”.