12 años tras la catástrofe de Fukushima la amenaza nuclear continúa
El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) manifiesta su protesta ante el vertido de agua radiactiva de Fukushima planeado por Japón en los próximos meses y advierte que establece un precedente muy peligroso.
La continuidad de la energía nuclear en el Estado español provoca la generación de miles de toneladas de residuos altamente radiactivos para los que no existe una solución definitiva.
El MIA denuncia que se está lejos de una solución real a los residuos nucleares, ya que los planes de gestión propuestos hasta ahora en ambos borradores del 7º Plan Nacional de Residuos Nucleares presentan numerosos problemas.
El 11 de marzo de 2011 un tsunami azotó Japón y provocó la explosión de los reactores 1 y 3, así como del edificio del reactor 4, de la central nuclear de Fukushima, provocando un desastre nuclear que dura hasta hoy. Un desastre nuclear que vuelve a poner en riesgo la salud de la vida marina y, en consecuencia, la de la especie humana. En este aniversario, el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), del que forma parte Ecologistas en Acción, vuelve a exigir el cierre de todas las centrales nucleares, y rechaza la decisión tomada por el gobierno de Japón de liberar esta próxima primavera o verano 1,3 millones de metros cúbicos de agua radiactiva al océano Pacífico.
El agua radiactiva procede del enfriamiento del combustible nuclear fundido de tres de los reactores de la central nuclear de Fukushima. Aunque para reducir su radiactividad se somete a un proceso de filtrado, de manera que solo quede tritio, la realidad es que el proceso no ha funcionado como se esperaba. En 2018 la prensa japonesa descubrió que la empresa propietaria, TEPCO, ocultaba que aproximadamente el 84% de los 890.000 m³ de agua tratada a partir de septiembre de 2018 contenían concentraciones más altas de sustancias radiactivas que los niveles permitidos para su liberación al océano. Según los datos de TEPCO, en agosto de 2021 el 69% del agua (832.900 m³) se someterá a reprocesamiento.
Ante ello, el MIA vuelve a solidarizarse con la población nipona y reclama el fin de la energía nuclear, civil y militar. El cierre de las centrales nucleares es el primer paso para reducir el volumen de residuos enormemente radiactivos. Del mismo modo, reclama que no se dé un paso atrás en el calendario de cierre y se produzca un debate abierto sobre la gestión definitiva de estos residuos radiactivos.
La continuidad de la energía nuclear en el Estado español provoca la generación de miles de toneladas de residuos altamente radiactivos, para los que no existe una solución definitiva. La falta de participación ciudadana, con un debate abierto sobre cómo abordar la gestión de estos residuos, así como la ausencia de unas medidas fiscales que garanticen que las empresas propietarias de los reactores nucleares paguen por la gestión completa de los residuos que han generado, implican un enorme riesgo.
Los planes de gestión hasta ahora propuestos en ambos borradores del 7º Plan Nacional de Residuos Nucleares presentan numerosos problemas, como el retraso en varias décadas del inicio de un emplazamiento definitivo de los residuos nucleares. Las organizaciones que forman el MIA, entre ellas Ecologistas en Acción, vuelven a denunciar que se siguen repitiendo paradas no programadas y diversos incidentes en las centrales nucleares, que son una muestra clara del estado de envejecimiento de los reactores y de la degradación de las condiciones de seguridad de los emplazamientos nucleares. Cada vez es más evidente que la energía nuclear es cara, obsoleta, muy peligrosa y que se puede prescindir de ella, apostando por el adecuado desarrollo ecológico, territorial y ambiental de las energías renovables.
La situación en Fukushima
El pasado 13 de enero el gobierno de Japón tomó la decisión de comenzar la descarga de los depósitos que contienen el agua proveniente del enfriamiento de los reactores de Fukushima. Será en la primavera o el verano del presente año. Estos depósitos contienen 1,3 millones de metros cúbicos de agua radiactiva almacenados. El agua se verterá al océano a través de un túnel submarino de un kilómetro de largo. Su construcción, a 12 metros bajo el mar, está casi finalizada. El gobierno solo espera el respaldo de la Organización Internacional de Energía Atómica al proceso de descontaminación de esa enorme cantidad de agua radiactiva.
El gobierno nipón no ha logrado vencer la oposición de las cooperativas de pescadores locales y grupos sociales japoneses, a pesar de prometer fondos de apoyo por más de 500 millones de euros a la industria pesquera local. Tampoco convence a los países vecinos, que no se fían de la seguridad de la dilución del agua radiactiva en el mar. El Foro de las Islas del Pacífico, una organización de casi 20 países y regiones, incluidos Australia y Nueva Zelanda, ha pedido que se posponga la descarga al océano por su impacto negativo en la industria pesquera. China y Corea del Sur no confían en el proceso de descontaminación que viene realizando la empresa TEPCO.
Los grupos ecologistas cuestionan las afirmaciones del gobierno japonés de que el agua no afectará la vida marina ni la salud humana, pero también las cuestionan las organizaciones científicas. La Asociación Nacional de Laboratorios Marinos (NAML), a la que pertenecen más de 100 laboratorios, ha señalado la falta de datos científicos adecuados y precisos para respaldar esas garantías de seguridad. Denuncian la ausencia de datos contrastados sobre el contenido de sustancias radiactivas en cada tanque. Solo desde 2022 la eficiencia del proceso la evalúa laboratorios no japoneses. Para la NAML, los datos proporcionados por TEPCO y el gobierno japonés muestran, en algunos casos, fallos en los protocolos de muestreo, diseño estadístico y análisis de muestras. No toman en consideración soluciones alternativas a contaminar el océano, como el almacenamiento durante 40 a 60 años mientras disminuye el nivel de radiactividad del tritio, sustancia que no se puede filtrar; la acumulación de los radionucleidos en la concha de moluscos filtradores como las ostras; o incluso emplear el agua para hacer cemento, más fácil de almacenar y capaz de bloquear la radiactividad del tritio.
La asociación científica declara que confiar en la dilución de los contaminantes en el océano es ignorar la realidad de los procesos biológicos de bioacumulación y bioconcentración en organismos marinos como almejas, ostras, cangrejos, langostas, camarones y pescado, así como los fenómenos de acumulación en los sedimentos locales del fondo marino. El océano Pacífico contiene la mayor biomasa de organismos de valor ecológico, económico y cultural, incluido el 70% de las pesquerías del mundo.
El gobierno japonés y TEPCO insisten en que los impactos ambientales y de salud serán insignificantes porque el agua tratada se liberará gradualmente después de haber sido diluida por grandes cantidades de agua de mar. Mientras, la Agencia Internacional de Energía Atómica intenta justificar la decisión recordando que las plantas nucleares de todo el mundo utilizan un proceso similar para eliminar las aguas residuales, que contienen concentraciones bajas de tritio y otros radionúclidos.
La contaminación radiactiva en el Estado español
En España también se obliga a convivir con la contaminación radiactiva. El informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados y al Senado del año 2021 dice: “La actividad de tritio presenta valores medios anuales superiores al fondo natural en algunos ríos (Ebro, Tajo, Júcar y Segura) como consecuencia de los efluentes de las centrales nucleares ubicadas en el propio río, o del trasvase Tajo- Segura. No obstante, son muy inferiores al valor de 100 Bq/l establecido en el Real Decreto 314/2016, y tienden a disminuir progresivamente aguas abajo, por las aportaciones de afluentes con baja actividad de tritio”. Del mismo modo, persisten vertidos radiactivos en la zona de Palomares, debidos a la caída de cuatro bombas en el territorio almeriense.
El problema, a juicio del MIA, es que por muy bajo que sea el nivel de radiación no puede descartarse un daño a la salud. Por tanto, los límites legales de exposición radiactiva no son una garantía, son orientativos. Es evidente que el “beneficio” de la generación eléctrica nuclear no puede compensar el daño que causa en el presente y para las próximas generaciones.
El Movimiento Ibérico Antinuclear manifiesta su protesta por la contaminación radiactiva del océano y advierte que establece un precedente muy peligroso, como demuestra la intención de verter al Atlántico las aguas residuales de la piscina de combustible gastado de una planta nuclear en desmantelamiento (CN de Pilgrim en Plymouth, EE UU).
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