«El ministro de Transportes miente en sede parlamentaria para ocultar la vulneración de derechos y libertades perpetrada por la dirección del grupo RENFE»

Comunicado

Desde la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO, ALFERRO y el SINDICATO FERROVIARIO manifestamos nuestro más rotundo rechazo a las manifestaciones realizadas por el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados, recogidas en medios como El Periódico de Catalunya con fecha 9 de abril de 2025, en las que se afirma que “Renfe ha despedido a un trabajador acusado de sabotaje durante la huelga en Rodalies”.

Estas manifestaciones, además de ser totalmente falsas, resultan irresponsables, lesivas y profundamente peligrosas tanto para el trabajador al que se refieren como para el conjunto de la plantilla. A continuación, exponemos los motivos de esta reprobación:

1. A día de hoy, no consta ningún despido notificado ni ejecutado. El procedimiento disciplinario al que se hace referencia se encuentra aún en fase de instrucción, habiéndose notificado únicamente un pliego de cargos, y el trabajador afectado ni siquiera ha presentado todavía su descargo, estando dentro del plazo legal y convencional para ejercer su derecho de defensa. Afirmar públicamente que ha sido despedido es mentir deliberadamente a la opinión pública y al Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional.
2. Estas declaraciones suponen una condena anticipada y una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. En un Estado de Derecho, ningún trabajador puede ser tachado de “saboteador” sin pruebas, sin audiencia y sin resolución firme. Hacerlo desde un cargo público es una grave irresponsabilidad institucional, que contamina el procedimiento disciplinario y condiciona su resultado.
3. Calificar de “sabotaje” una supuesta actuación dentro del Centro de Gestión es tan absurdo como malintencionado. El término sabotaje implica, por definición, una acción dolosa, intencionada, con el propósito de causar un daño grave al servicio o a los intereses empresariales . Nada de eso ha ocurrido aquí. No se ha destruido infraestructura, ni bloqueado sistemas, ni impedido la circulación. No hay una sola prueba de que el trabajador haya actuado con voluntad de perjudicar. Muy al contrario, lo único que hizo fue atender llamadas, trasladar información y colaborar con el personal de conducción, en medio de una jornada marcada por el caos organizativo generado por la propia empresa.

4. Nos preocupa profundamente que esta acusación, lanzada desde instancias gubernamentales, responda a una motivación política, dirigida a desviar la atención sobre la gestión negligente de las huelgas por parte de la Dirección de RENFE, especialmente en lo que se refiere a la aplicación arbitraria de los servicios mínimos, la falta de instrucciones claras y la presión institucional ejercida sobre trabajadores en pleno conflicto, la cual les advertimos previamente.
5. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2024 (rec. 2742/2021) , aplicando el Convenio 158 de la OIT, establece que el respeto escrupuloso del procedimiento disciplinario pactado en convenio colectivo —incluida la audiencia previa— es obligatorio, y que su incumplimiento puede conllevar la improcedencia o nulidad de cualquier despido o sanción. En este caso, la empresa no solo no ha finalizado el procedimiento, sino que permite que el Gobierno adelante públicamente su resultado, en una clara injerencia contraria al principio de legalidad sancionadora.

Por todo lo expuesto, exigimos:

1) la rectificación inmediata de las declaraciones realizadas por el Ministerio y por cualquier portavoz de la empresa, aclarando que no ha existido despido ni sabotaje alguno.

2) el cese inmediato de las hostilidades institucionales, basadas en falsedades que solo buscan fabricar un chivo expiatorio para encubrir la mala gestión de las huelgas.

3) la dimisión de los responsables de la Dirección de Renfe Viajeros y de Rodalies Cataluña que, con su actuación intencionada y negligente durante las jornadas de huelga, han contribuido directamente a generar el caos operativo que ahora se pretende atribuir de forma torticera a trabajadores que cumplieron estrictamente con su obligación.

De no rectificarse esta campaña difamatoria, nos reservamos el derecho a emprender cuantas acciones legales, judiciales y sindicales resulten necesarias.