IUCyL apoya la sentencia del TSJ en defensa de los bienes comunales contra los macroproyectos

IUCyL respalda la sentencia del TSJCyL que propone seguir utilizando la finca Monte Páramo para uso agrícola frente al megaparque solar propuesto por el Ayuntamiento de Paredes de Nava. (Palencia)

Muestran su apoyo a la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Paredes de Nava en su defensa de los derechos de 71 vecinos que tenían adjudicada la explotación agraria. Comparten así, la sentencia del TSJ que anula la Orden de la Consejería de la Presidencia de la Junta que autorizaba el acotamiento de bienes comunales y el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Paredes de Nava (Palencia). La misma declara nula la modificación de la finca Monte Páramo de 948,42 hectáreas que quería “acotar 460 de ese bien comunal para su posible uso industrial”, como macro proyecto de energía solar.

IUCyL solicita a la Consejería de la Presidencia y al Ayuntamiento de Paredes de Nava que no recurran esta sentencia, que no es aún firme. Demandan que apliquen en toda su extensión los fundamentos de derecho de la misma, primando los usos tradicionales de los bienes comunales sobre otro tipo de usos especulativos.

La organización apuesta por un modelo de agricultura y ganadería cercano a los pueblos frente a las grandes inversiones industriales que ven la tierra con un criterio exclusivamente economicista, como sucede en las montañas de León, Palencia y Burgos con proyectos de macroparques eólicos.

Manifiestan la defensa de las energías renovables sin este tipo de implantaciones, “instaladas indiscriminadamente en cualquier terreno” sin tener en cuenta su valor agrícola ni la población que la siembra y cultiva. La producción de alimentos, señalan, se ha revelado en los últimos años imprescindible ante problemas de salud como la pandemia del COVID, o ante conflictos como la actual guerra de Ucrania que limita la posibilidad de importarlos.

IUCyL comparte la preocupación de las organizaciones agrarias y de las zonas rurales para que se regule la instalación de energías renovables, fotovoltaica y eólica, y de las instalaciones para su evacuación, con el fin de que se instalen exclusiva o preferentemente en terrenos no aprovechables. No se trata de casos aislados, sino de una situación que se está extendiendo a Castilla y León en los últimos 30 años, donde ha afectado a un millón de hectáreas agrícolas, según los datos de las organizaciones agrarias COAG, UPA y UCCL.

Denuncian que en el campo castellano y leonés hay una “auténtica ofensiva en busca de todo tipo de suelo”. “Somos críticos con el afán de empresas promotoras por hacerse con todo tipo de terrenos productivos y cultivables para este tipo de infraestructuras. No podemos permitir que intereses económicos privados prevalezcan sobre la soberanía alimentaria, e instalen en terrenos agrícolas y ganaderos, aerogeneradores y placas fotovoltaicas, o los destrocen atravesándolos con líneas de evacuación” apunta Juan Gascón.