Cambiemos pregunta al Ayuntamiento si el CIE de Sangonera tiene licencia
Cambiemos Murcia ha remitido una comunicación interior al concejal de Urbanismo, Antonio Javier Navarro, para que aclare si el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) ubicado en la pedanía de Sangonera la Verde cuenta con licencia para desempeñar las funciones que tiene encomendadas y, en caso afirmativo, qué tipo de autorización.
El edil que firma el escrito, Sergio Ramos, ha explicado que no sería la primera vez que un centro de esta naturaleza incumple la legalidad ya que en España existe un caso denunciado, el del CIE de la Zona Franca, cuyo cierre fue ordenado por el Ayuntamiento de Barcelona al disponer solo de la autorización para ser una comisaría y no cumplir con la normativa de seguridad.
Ramos ha indicado que si el CIE de Sangonera no tiene licencia, el Consistorio «tendrá que informar al Ministerio del Interior de las posibles multas a las que tendrá que hacer frente» por tener abierto un centro «en situación irregular y fuera de derecho», e incluso proceder al precinto de las instalaciones.
A juicio del concejal, «no se pueden mantener abiertos lugares en los que el incumplimiento de los Derechos Humanos han sido denunciado por parte de expertos, instituciones y organizaciones sociales», como la ONG Convivir sin Racismo, que publicó un informe en el que se explicaba que en Sangonera «existe un trato verbal incorrecto y denigrante, así como maltratos físicos explícitos».
Además, esa misma organización, en su informe de 2015 sobre las condiciones de las personas extranjeras internadas en ese centro, apunta que se dan situaciones espacialmente graves como la presencia de menores o los testimonios de maltrato por parte de agentes de la policía que deberían garantizar su seguridad.
La formación municipalista ya criticó el trato que reciben las personas internadas en el centro murciano al presentar una moción al Pleno del pasado julio para declarar el municipio como libre de CIES e instar al Gobierno de la Nación a adoptar medidas para ordenar el cierre.
Uno de los argumentos defendidos en la iniciativa fue que la existencia de estos centros sólo puede ser explicada en un “contexto de déficit democrático, jurídico y humano que sólo sirve para justificar las políticas migratorias hipócritas de la Unión Europea”.
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