IU reclama a Celaá que “demuestre su apuesta por la educación pública con la reversión de los recortes, la supresión progresiva de los conciertos y la estabilidad del profesorado”

Martes, 10 de julio 2018.

Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, reclama a la titular de este departamento, Isabel Celaá, que “apueste claramente por la educación pública mediante la reversión de los graves recortes impuestos en los últimos años, la moratoria y supresión progresiva de los conciertos educativos, la laicidad en las aulas, la estabilidad del profesorado interino, así como con un compromiso de financiación estable”.

Enrique Díez, responsable federal de este área, señala que “esperamos muy atentos a las explicaciones que Celaá pueda dar mañana en el Congreso sobre sus planes para los próximos meses”, aunque incide en que “desde IU compartimos las exigencias que la comunidad educativa, las organizaciones sociales y sindicales, así como padres, madres y estudiantes hacen al nuevo equipo del Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre la necesidad de medidas urgentes que restituyan la inclusión, la democracia y la equidad en el sistema educativo”.

Díez detalla, en primer lugar, la “imprescindible necesidad de dar la vuelta a esos graves recortes sufridos tan largamente a partir de sucesivas políticas neoliberales y conservadoras que han obviado la inversión en servicios públicos básicos. Para ello, este Gobierno debe mostrar que respalda realmente la educación pública consolidando un compromiso de financiación estable al menos similar a la media de la UE15, es decir, del 6,2% del PIB”.

“No es permisible -detalla- que por la vía de los hechos consumados o de la inacción se reduzca el presupuesto educativo hasta el 3,7 % del PIB, tal como se comprometió el anterior Gobierno del PP con Bruselas y para ello dejó asentadas las vías en los Presupuestos Generales del Estado”.

Izquierda Unida considera que “el Gobierno del PSOE debe atender las demandas para blindar la financiación de la educación pública con un suelo similar a esa media europea del 6,2% del PIB y, a partir de ahí, avanzar en los próximos años hacia un porcentaje que nos ponga a la cabeza de la UE en inversión educativa, en vez de estar a la cabeza europea en fracaso escolar, precariedad laboral y corrupción”.

Enrique Díez considera que “debe revertirse también la financiación pública de los centros privados. Se han detraido múltiples recursos públicos destinados a garantizar el derecho universal a la educación común en igualdad de condiciones para financiar opciones privadas. El que quiera educación privada que se la pague”.

Explica que Isabel Celaá debe impulsar “medidas efectivas para que España deje de ser también una anomalía en la UE en este sentido, ya que soportamos un porcentaje de conciertos por encima del 30%, que en algunas grandes capitales supera el 50%, la mayor parte con centros controlados por la jerarquía católica que llegan, incluso, a segregar al alumnado por sexos”.

Díez entiende que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que actuar para “avanzar en la supresión progresiva de la financiación con dinero público a opciones privadas hasta configurar una red pública estatal que garantice el derecho a la educación de todo el alumnado”.

Un primer paso en este sentido sería conseguir la aprobación de la propuesta registrada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, a través del diputado Joan Mena, para que los centros educativos concertados que lo soliciten puedan integrarse en la red pública educativa, de forma negociada y contando con la voluntad de su comunidad educativa.

El responsable federal del Área de Educación de IU apunta que la prioridad en las actuaciones incluye “garantizar el derecho de niños y niñas a una educación que respete la libertad de conciencia y eduque sin dogmas. Para ello son necesarias medidas concretas para que cualquier religión quede fuera del currículo escolar y los actos y la simbología religiosa fuera de los espacios públicos educativos. Sánchez debe cumplir con su compromiso largamente anunciado de derogar los acuerdos con el Vaticano, heredados del tardofranquismo”.

Para IU, también resulta “urgente y necesario” que se establezcan las medidas que “concreten el pacto ya acordado con los representantes del profesorado para reducir al mínimo imprescindible la interinidad como sistema de provisión de puestos docentes, sin sobrepasar los límites máximos establecidos de forma general para la función pública (8%) y dando estabilidad a las plantillas para que los proyectos educativos, que son a largo plazo, puedan mantenerse a lo largo del tiempo y poder consolidar las mejoras”.

Enrique Díez considera que junto a todas estas medidas “cuya aplicación se debería emprender en el próximo curso, desde Izquierda Unida se unimos también a la comunidad educativa para exigir que se derogue la LOMCE y se logre un amplio acuerdo social y político en torno a una ley educativa consensuada que dé estabilidad al sistema educativo durante generaciones. Un buen principio sería partir del ‘Documento de Bases para una nueva ley de educación. Acuerdo social y político’ que ha logrado un acuerdo entre la comunidad educativa, las organizaciones sociales, de padres y madres, políticas, sindicales y de estudiantes que forman ‘Redes por otra política educativa’.

DOCUMENTO DE BASES PARA UNA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN. ACUERDO SOCIAL Y POLÍTICO EDUCATIVO