Redacción •  Actualidad •  10/07/2019

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pretende dar la puntilla al ferrocarril público y social

Más de 45.000 millones de inversión pública en AVE durante décadas, que ahora la CNMC quiere poner en manos del sector privado bajo el eufemismo de que una apertura efectiva del mercado, va a garantizar la competencia entre los operadores y una mayor eficiencia en la prestación del servicio en beneficio de los consumidores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pretende dar la puntilla al ferrocarril público y social

Comunicado CGT

En su “Estudio sobre la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril”, la  CNMC hace una serie de recomendaciones a tener en cuenta de cara a la implantación de la liberación del transporte de viajeros por ferrocarril en el 2020. Y lo hace entre otras, cuestionando la autonomía y neutralidad de los actuales actores, que puede influir en la fluidez del proceso liberalizador.

Neutralidad e independencia que puede verse emana de la ingente presencia de responsables políticos en las empresas del Sector Púbico, en detrimento profesionales cualificados, y que también se extiende en el nombramiento de los miembros del Consejo de la propia CNMC, que recordemos, son elegidos por el Parlamento a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad.

Desde CGT no compartimos en absoluto las recomendaciones de este organismo, ya que van dirigidas a la defensa de los intereses financieros de las empresas que puedan acceder a una licencia para operar en la red ferroviaria española. Y no lo compartimos, porque en su estudio los datos exhibidos pretenden justificar un futuro que no se dará.

La CNMC recomienda adecuar los cánones según la actual normativa europea y española, que deben guardar un principio elemental: financiar al completo los costes que para ADIF y ADIF AV supone el mantenimiento de las líneas. Sin embargo, la apuesta de la CNMC pasa por adecuar, eufemismo de bajar, los cánones para permitir el acceso de operadores privados; obviando que en la actualidad la deuda de ADIF y ADIF AV asciende a 15.000 millones y que la CNMC olvida, pretendiendo pasar de facto esta deuda al erario público.

Otra recomendación y para CGT gravísima, es la de facilitar a los operadores privados el acceso a los trenes que hemos pagado durante años con dinero público y que ahora el sector privado tiene acceso porque le resulta muy cara la inversión de nuevos trenes en propiedad. O lo que es lo mismo, quieren montar un negocio en el que solo tienen las ganas, pero que el dinero y los recursos los pongan otros. A esta forma de hacer negocio en el que las empresas no asumen costes, no generan inversión y pretenden hacer negocio a costa de lo público, desde CGT lo denominamos “chiringuito”.

Otra recomendación que no compartimos y que va en la línea de la fragmentación del actual Grupo Renfe, lo que con el tiempo facilitaría su mejor venta a los “amigos de los público”, es la separación de la sociedad anónima Renfe Fabricación y Mantenimiento. O lo que es lo mismo, poner a disposición de los operadores privados el mantenimiento y reparación de sus trenes sin la necesaria inversión que, en cualquier otro campo del sector empresarial es la base.

Lo que también consideramos indignante, es la guinda que la CNMC pone en su pastel neo-liberal, pidiendo que no se prorrogue el contrato de adjudicación directa de los servicios OSP a RENFE, introduciendo las separación entre los servicios comerciales y los de Obligación de Servicio Público, tanto contable, funcionales y jurídicos.

Esta última recomendación conllevará el abandono definitivo y extinción de los servicios ferroviarios no rentables. Servicios que hasta el día de hoy han supuesto el abandono de todas aquellas líneas ferroviarias con una ocupación inferior al 15%, que a su vez han generado lo que ahora conocemos como la “España vaciada”.

Paralelamente y como consecuencia del abandono de líneas, algunas empresas de transporte por autobús que ahora claman y reclaman por la liberalización del sector ferroviario, como ALSA, han visto engordar su cartera de negocio manteniendo una presencia monopolista en su sector.

Como sindicato que apuesta por un modelo de ferrocarril público, social, sostenible y de calidad, mostramos nuestra más profunda repulsa hacia el informe de la CNMC por lo expuesto con anterioridad y porque como todos sabemos, el modelo de ferrocarril va a repercutir muy negativamente en las condiciones laborales de los trabajadores del sector, que verán cómo se carga sobre sus espaldas una buena parte de la rentabilidad que ahora se pretende conseguir.


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