Exigen a la UE que obligue a España a cumplir el embargo de armas a Arabia Saudí

En una pregunta parlamentaria a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, explican que en la última década se han vendido armas al país árabe por un valor total de 80.000 millones de euros y que el Estado español es uno de los principales proveedores.

Estas armas se emplean, bien para la represión interna en un país donde la monarquía absolutista de los Saúd mantiene encerrados a 30.000 presos políticos y aplicó en más de doscientas ocasiones la pena de muerte sólo el año pasado; o bien para conflictos en terceros países como Yemen, donde según recientes análisis se ha confirmado la aparición de granadas y cohetes de la empresa española de armamento Instalaza vendidos a Riad. Esa compañía, Instalaza, tuvo como consejero entre 2005 y 2012 al ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés.

Las ventas se han intensificado en los últimos años con Morenés al frente del Ministerio y sólo en el primer semestre del año pasado Defensa vendió armas a Arabia Saudí por un valor de 447,6 millones de euros. Esta cifra se puede considerar sólo una anécdota si se piensa en dos contratos recientes para la venta a Riad de fragatas y tanques Leopard que ascienden a 6.000 millones de euros.

Y cada vez que en los últimos años se ha acusado al Gobierno del PP de estar vendiendo armas a una dictadura, la respuesta es la misma: se controla su uso final, es una buena fuente de ingresos o, como dijo el ministro hace cuatro años, “en política, nada es perfecto”.

La publicación de fotos del material de Instalaza vendido a Arabia Saudí prueba que el Gobierno no tiene ningún control del uso que hace Riad del armamento que el Estado le vende y, por tanto, estaría violando varias normas.

Así lo expresan Albiol y Couso en su  pregunta. El eurodiputado, que es vicepresidente de la comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, ha advertido de que “estas exportaciones no cumplen la legislación europea y española al chocar de frente con la Posición Común de control de equipos militares y con la Posición Común de armas convencionales”. Tampoco respetan “ni el código de conducta europeo de exportación de armas”, que “además habla claramente del respeto a los derechos humanos y del mantenimiento de la paz”.

Arabia Saudí, ha continuado Couso, “utiliza en Yemen armas prohibidas por el derecho internacional, está atacando a la población civil y derribando hospitales, por lo que bajo ningún concepto se puede decir que contribuye a la paz regional”. “E incluso hay sospechas de financiación y tolerancia con determinados grupos terroristas”, ha añadido.

Por último, el eurodiputado de IU ha explicado que el incumplimiento “también atañe a España puesto que la Comisión Interministerial, que es la que regula el comercio de armas y material de doble uso, se rige por los mismos principios”. “Esperamos que haya una reacción por parte de la UE para dejar de exportar armas que al final van a ser utilizadas para vulnerar las propias normas que nosotros nos hemos dado”, ha concluido.

Albiol, por su parte, ha recordado que la participación activa de Arabia Saudí en la guerra de Yemen, ha provocado ya la muerte de más de 10.000 personas y dos millones y medio de desplazados” y que la monarquía de los Saúd “juega un papel fundamental como principal defensor del Gobierno de Abd Rabbuh al-Hadi, instaurado por Arabia Saudí por la fuerza y títere de su monarquía”.

Al igual que Couso, la portavoz de IU en Bruselas ha acusado a Arabia Saudí de “ser culpable de la utilización de bombas de racimo y de la destrucción de infraestructuras fundamentales para el uso civil”. Este asedio, “se está realizando con armas exportadas desde el Estado español” y “resulta evidente que los intereses del ministro de Defensa en funciones en la industria armamentística son uno de los principales motivos por los que el Gobierno permite que estas empresas actúen con total libertad, armando a un Estado que no sólo interviene de manera directa en otros países, sino que practica una represión enorme contra su propia población”.

En concreto, se ha referido a la existencia de “30.000 presos políticos, al encarcelamiento de mujeres consideradas adúlteras, de personas homosexuales, y de cualquier movimiento opositor”, desde “activistas estudiantiles, a personas que defienden en público el derecho de las mujeres a conducir un coche o viajar solas”.

La Policía secreta saudí, la Mabahith “actúa con total impunidad y ha sido acusada por organizaciones de derechos humanos de practicar detenciones arbitrarias y torturas prohibidas por las convenciones internacionales”. Por eso, “urge que las autoridades europeas actúen para que el Gobierno español deje de ser cómplice y permita que todo esto ocurra para que un grupo de empresarios armamentísticos ligados al Gobierno siga enriqueciéndose”.