Isabel Salud pregunta al Gobierno por su planes para “erradicar la prostitución” incidiendo en la “penalización del prostituidor”

La diputada de Izquierda Unida y coordinadora general de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso dirigidas al Gobierno para conocer sus planes para “erradicar la prostitución” en nuestro país incidiendo en la “penalización del prostituidor”.

En concreto, entre las cuestiones concretas que plantea Salud al Ejecutivo del PP está conocer si entre sus objetivos está “erradicar la prostitución en España” y si, al menos, considera necesario “disminuir la demanda mediante la penalización del prostituidor, entre otras acciones, como establecen Naciones Unidas y el Parlamento Europeo”.

De ahí que pregunte también al Gobierno de Mariano Rajoy si tiene previsto “incorporar esta prioridad en el Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018”, además de requerir datos concretos sobre “¿cuáles son los resultados del mencionado Plan en materia de disminución real de la prostitución desde su entrada en vigor”.

La iniciativa de la parlamentaria de IU parte de la idea de que “sin demanda, no habrá trata ni prostitución”, por lo que considera que “es necesario acabar con la prostitución y la trata de mujeres y niñas en España, que se ha convertido en un país de turismo sexual donde se abusa de ellas, explota y agrede”.

En este sentido, en la exposición de motivos de Isabel Salud -que es también la portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Igualdad, dentro del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos- se incluyen datos concretos sobre este problema, incluido que nuestro país es el segundo europeo, después de Italia, “para comprar sexo”, donde “existen más de 15.000 burdeles y multitud de pisos privados en los que se estima que más de 45.000 mujeres ejercen la prostitución”, con cerca de “un 95% de ellas coaccionadas”.

Isabel Salud recuerda también que “la prostitución es uno de los negocios más lucrativos” en todo el Estado, “basado en la violencia y en la relación de dominación hacia las mujeres. Una vulneración de los derechos humanos y un problema muy grave que debe abordarse sin demora”.