La diputada Salud desmonta el “triunfalismo” del Gobierno del PP sobre discapacidad y recuerda a la ministra Montserrat que “cada cuarto de hora muere una persona dependiente sin ser atendida”

La diputada de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, Isabel Salud, desmontó de forma contundente lo que calificó como “discurso triunfalista” del Gobierno del PP en cuanto a sus políticas de ayuda real a las personas discapacitadas. En una intervención regada con múltiples datos contrastados, Salud denunció directamente a la ministra del ramo, Dolors Montserrat, los sucesivos recortes impuestos por los ‘populares’ en los últimos años que han derivado, por ejemplo, en el trágico dato de que “cada cuarto de hora muere una persona dependiente sin ser atendida”.

La parlamentaria de IU reprochó a la ministra durante su comparecencia de hoy ante la comisión que “nos ha abrumado con lo que harán, con sus deseos, pero no con lo que ya han hecho. Nos ha pintado un panorama positivo, de satisfacción y de buen hacer, pero poco tiene que ver con la realidad”, una realidad “muy difícil” para las personas con discapacidad funcional, algo que “en nuestro país afecta a 1 de cada 5 hogares”.

“Resulta muy injusto -le dijo- que el Gobierno ponga como excusa la crisis económica y la política de control del gasto público en todas las administraciones. Mientras se dice eso, el mismo Gobierno regala miles de millones a la banca, y las rentas del capital han crecido en este periodo frente a las del trabajo”.

Salud explicó a Montserrat que “las personas con discapacidad funcional tienen una menor capacidad de renta, mientras que tienen mayores gastos. Esta situación se ha agravado con la crisis, pues el diferencial de pobreza ha crecido y la brecha, por tanto, se ha agrandado, y en eso usted, su Gobierno y el PP tienen gran responsabilidad durante estos últimos años”.

A partir de ahí, la parlamentaria vasca desgranó una serie de cifras concretas para ilustrar cada apartado con el que pretendía cuestionar el papel jugado por el Ejecutivo ‘popular’ sobre discapacidad. “Por ejemplo -dijo-, estamos muy lejos de los objetivos en cuanto al acceso de bienes y servicios. La realidad es que su Gobierno ha ido atrasando y dilatando la normativa de aplicación que establecía plazos muy concretos.

“La accesibilidad al entorno físico y al transporte está igualmente estancada, cuando resulta del todo necesaria para una vida independiente y de plena inclusión”, comentó. De ahí que reconociera a la ministra que “queremos saber qué planes y directrices tiene para el acceso de las personas y para la identificación de paradas o trayectos”.

“También queremos saber -completó- si tiene su ministerio un mapa de situación para comprobar qué nivel de accesibilidad tienen los edificios públicos y con qué estrategia operativa va a afrontar el Gobierno el nivel de incumplimiento de la adaptación comprometida para el 4 de diciembre de este año”.

Los datos sobre diversos temas concretos son demoledores: “sólo el 0,46% del total de prestaciones reconocidas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia van dirigidas a la asistencia personal, cuando es el apoyo más importante para las personas con discapacidad. Conoce las cifras porque son oficiales y no llegan a 5.000 las prestaciones para asistencia personal, sobre un total de más de un millón”.
Isabel Salud prosiguió con sus datos “incuestionables”, también en la aplicación  de la Ley de Dependencia, de la que dijo que “miles de personas han fallecido esperando la valoración de su situación de dependencia.

Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, el 29% de los 1,2 millones de personas en situación de dependencia reconocida no recibe ninguna ayuda y muchas de estas personas son grandes dependientes. De nuevo nos encontramos con la misma causa, la financiación y el Estado cubre sólo el 18% de las aportaciones públicas”.

“Si analizamos los presupuestos de 2017 -recordó a la ministra- vemos cómo la aportación del Estado al sistema de atención a la dependencia es en términos nominales un 14% inferior a la de 2010. Estamos muy lejos del gasto anterior a la crisis que ya, de por sí, era entonces insuficiente”.

Pero los recortes no se paran ahí, ya que “la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad disminuyen un 45% y un 23% respecto a 2010. Pero es que hay más: las ayudas técnicas para facilitar a las personas con diversidad funcional su autonomía personal, ya sea con adaptaciones en la vivienda, en el transporte o en su entorno social para eliminar barreras físicas u otros programas de rehabilitación y recuperación física o psíquica han visto disminuidos sus créditos por ustedes en un 47%”.

Salud resumió que “estamos hablando de que hemos pasado de un presupuesto de 100 millones de euros, a otro de 53 millones en 2017 y eso que nos dicen constantemente que estamos en el año de la recuperación”.
Expuso también la “situación terrible” en el ámbito laboral “importantísimo porque garantiza una vida independiente”. En él, “la tasa de desempleo está por encima del 30%” y “tampoco la comparativa entre la juventud sale bien parada, puesto que la de la juventud con diversidad funcional está un 18% por encima de la media de la población. Esto incumple la directiva europea sobre Igualdad de Trato y no Discriminación en el Empleo y la Ocupación”.

Expuso también que “cuando se materializa un despido de personas con discapacidad que judicialmente se declara improcedente no se obliga a retornar las exenciones de cuota o subvenciones percibidas, ni se eliminan subvenciones al año siguiente”.

La parlamentaria de IU no olvido denunciar lo que se conoce como ‘canal físico complementario de la ONCE’, del que explicó que sirve para que esta organización “ofrezca la venta de sus productos de juego a estancos, quiscos de prensa u oficinas de Correos, modificando su política laboral y comercial”. Alertó de que “esto rompe con la propia naturaleza de la ONCE, que es dar empleo a personas con discapacidad, mientras alimenta comisiones para intermediarios que nada tienen que ver con la finalidad y los valores” de la organización.

“Nos tememos que en un futuro esto puede terminar con el empleo actual de la plantilla de personas ciegas”, avisó.

En relación a otros temas, preguntó a la ministra que “¿para cuándo esa macro encuesta que detecte la violencia machista contra las mujeres con diversidad funcional? Las cifras hablan por sí solas, más de un tercio de mujeres sufren violencia por esa mayor exposición. Por eso es necesario un conocimiento exacto de esta situación de violencia contra las mujeres para poder actuar y no podemos esperar más”.

“Por mucho que maquillen las cifras -concluyó- esa es la terrible realidad de un Gobierno que durante la crisis ha primado los intereses de bancos, rentas empresariales y del capital en detrimento de las rentas del trabajo y de la mayoría social, así como de los sectores más vulnerables como mujeres, niños y niñas, personas mayores y aquellas con diversidad funcional. Esta es la realidad injusta y desigual, que tiene culpables, autores y ejecutores de políticas de injusticia y de pobreza para la gente”.