La Junta de Castilla y León retira la acusación contra una trama de furtivos de Ávila

En 2008 el SEPRONA realizó una investigación sobre un grupo criminal que actuaba en la Sierra de Gredos. En sus acciones de caza furtiva mataron gran cantidad de machos de cabra hispánica con armas largas y silenciadores acoplados. Se denominó Operación Almanzor y su instrucción penal fue dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Ávila.

Como resultado de las investigaciones se incautaron numerosas cabezas de machos de la especie, restos de especies protegidas naturalizadas o no, y gran cantidad de armas de todas clases, algunas de ellas no autorizadas. Se mantuvieron escuchas telefónicas autorizadas judicialmente, y se realizaron registros en domicilios y taxidermias que dieron lugar a la detención de 29 personas que acabaron imputadas.

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Ávila, en el Procedimiento Abreviado 69/2014, convocó la vista oral para el mes de septiembre de 2014, es decir, seis años desde la comisión de los hechos delictivos. Pero esa vista se suspendió porque las defensas de los 29 acusados, apoyadas entonces por la Fiscalía de Ávila, plantearon cuestiones previas de nulidad de las actuaciones respecto de las escuchas telefónicas. Solo la representación de Ecologistas en Acción se opuso a la suspensión. El resto de acusaciones (Ministerio Fiscal, Asociación de Propietarios de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de Gredos, y Junta de Castilla y León) se adhirieron a la solicitud de las defensas y se acabó suspendiendo la vista para que la magistrada valorara sobre la nulidad planteada. Tres años después, en septiembre de 2017, la magistrada aceptó la nulidad solicitada, resolviendo que todas las pruebas que dependieran de las escuchas –como entradas y registros en domicilios y taxidermias, documentos incautados en ellos, armas ilegales, restos de animales protegidos o no– se declaraban nulas y expulsadas del procedimiento. La nulidad de esas actuaciones fue confirmada en abril de 2018 por la Audiencia Provincial de Ávila.

Esto supone que de los 29 imputados iniciales hay al menos 20 que han quedado fuera del procedimiento al haberse anulado las pruebas que acreditaban los hechos delictivos. Durante esos tres años, Ecologistas en Acción y la Fiscalía, como partes del proceso y entendiendo que la tardanza en resolver era inusual, realizaron numerosas peticiones de impulso procesal ante el juzgado y pusieron quejas ante el Consejo General del Poder Judicial. Por fin, después de casi 11 años, el Juzgado ha convocado el juicio oral para los próximos 13 y 15 de noviembre. Días antes del juicio, la Junta de Castilla y León ha comunicado al Juzgado que se retira del procedimiento y por ello de la acusación particular que ejercía. Sigue así los pasos de la Asociación de Propietarios que lo había hecho en mayo de 2018, quedando como acusaciones solo el Ministerio Fiscal y Ecologistas en Acción.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha manifestado que es sorprendente que la administración responsable de la defensa del medio natural se aparte de un procedimiento en el que está en juego la preservación de una especie señera como es la cabra hispánica. Una especie que, sin estar por ahora en peligro de extinción, lleva recibiendo una fuerte presión cinegética que la acabará deteriorando al cobrarse los mejores y más sanos ejemplares. Esta actitud supone además un desprecio al importante esfuerzo de numerosos agentes de la autoridad (Seprona y Forestales) que intervinieron en el operativo y que se dedican a vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental y de caza. Ecologistas en Acción se mantiene en el procedimiento como acusación popular contra los 9 acusados que aún mantiene la Fiscalía de Ávila.