Demoledor informe pericial científico contra el complejo urbanístico Marina Isla de Valdecañas

Tras un dilatado proceso de elaboración, la Estación Biológica de Doñana, dependiente del CSIC, ha elaborado un completo informe, de casi 1.200 páginas, en el que responde a las catorce preguntas planteadas por la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, TSJE, en relación a las condiciones ambientales de la Isla de Valdecañas previas a la urbanización, los efectos ambientales de su transformación y las consecuencias de la demolición del complejo Marina Isla de Valdecañas, tal y como ordena la sentencia de nulidad.  Las conclusiones no dejan lugar a dudas.

Efectivamente, el informe de este prestigioso centro de investigación deja poco margen a la duda cuando concluye que “mantener el Complejo en su estado actual no puede considerarse en modo alguno una medida de conservación, sino la opción más perjudicial para la ZEPA, solo superada por el detrimento que causaría terminar de ejecutar el Proyecto de Interés Regional. Por tanto […] la opción más beneficiosa es la restauración ambiental de la isla”.

La demolición es la opción más adecuada puesto que “la demolición seguida de una restauración ecológica tendría un impacto ambiental positivo sobre la ZEPA a largo plazo, en la medida en que suprime un foco de actividad humana permanente y devuelve el espacio ocupado, creando oportunidades de regeneración de los procesos ecológicos y de restablecimiento de la biodiversidad perdida por el uso urbano”, algo que tira por tierra los argumentos de la propiedad y de la Junta de Extremadura, empeñados en intentar demostrar que la demolición es más perjudicial para el medio ambiente que el mantenimiento de las construcciones y su uso.

Es más, el informe de la Estación Biológica afirma que los argumentos de la Junta –tratando de mostrar los perjuicios que tendría una restauración que simulara exactamente las condiciones previas a la transformación de la isla– no tienen ninguna razón de ser, puesto que lo razonable es la demolición seguida de una restauración ecológica activa y pasiva partiendo de la situación actual.

En otros pasajes, el informe concluye que “no había razones objetivas para que la isla de Valdecañas fuera excluida de la ZEPA”, y destaca a continuación los importantes valores naturales que poseía antes de las obras: “la isla contenía uno o más tipos de hábitats protegidos por la legislación europea. Antes de las obras la isla tenía valor para las aves de la ZEPA, y en el interior de la misma había especies de plantas de interés biogeográfico y de conservación. Los hábitats de la isla eran potencialmente utilizables por el 72% de las aves terrestres de la ZEPA en época de reproducción y por el 61% en época invernal”.

También deja claro que la DIA, de escaso valor técnico, aprobó un proyecto con gran cantidad de deficiencias y “sin la certidumbre exigida por la legislación comunitaria de que el proyecto resultaba compatible con los objetivos de conservación de la ZEPA”, así como que el Plan de Vigilancia se ha desarrollado de modo sumamente deficiente.

En definitiva, el informe pericial supone un fortísimo varapalo para las pretensiones de los propietarios y de la Junta de mantener la urbanización argumentando una mejora del ecosistema, lo que les permitiría su mantenimiento según la Ley de Suelo extremeña. Todo lo contrario, el informe remacha que “La construcción del Complejo y su funcionamiento han tenido diversos impactos ambientales, negativos y de consideración, sobre la isla y la ZEPA […], lo que teóricamente supuso la desaparición de un tercio de las especies de aves terrestres en época de reproducción y de un quinto de las especies invernantes. La mayoría de estas especies estaban protegidas por la ley”.

Las organizaciones ecologistas que recurrieron este proyecto de urbanización, Ecologistas en Acción y Adenex, entienden que sobre la base de lo constatado con toda rotundidad en este informe científico y lo ya manifestado por el Tribunal Supremo respecto al PIR de Valdecañas no existen razones de orden legal ni material que impidan la ejecución de la sentencia que en su día dictó el TSJE. Por tanto, se debe proceder a la demolición del complejo urbanístico buscando el mejor escenario de restauración del espacio protegido por la Red Natura 2000, restituyendo así la legalidad urbanística tras más de una década de proceso judicial.

También quieren recordar que de haber hecho caso a sus argumentos y haberse paralizado cautelarmente las obras durante el proceso y, sobre todo, tras las primeras sentencias que ganaron en los tribunales antes de que se realizara el grueso de la urbanización, nos habríamos evitado una gran cantidad de problemas, gastos y daños al ecosistema. Por ello refrendan su intención de exigir el cumplimiento de la sentencia y, con la fuerza de los argumentos de este informe del CSIC, que se proceda a la demolición de lo urbanizado y a la regeneración de la zona.