Enrique Santiago advierte en el Pleno que PP y Vox buscan “ilegalizar los acuerdos entre fuerzas democráticas porque saben que de otra forma no conseguirán nunca gobernar”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz en temas de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha advertido en el Pleno del Congreso que el Partido Popular y la ultraderecha de Vox “persiguen ilegalizar los acuerdos entre fuerzas democráticas y partidos políticos, porque saben de otra forma no van a conseguir nunca mayoría para gobernar”. Santiago denunció sin ambages que “la democracia está sufriendo un ataque sin precedentes por Vox, al que también se ha sumado el PP”.

Santiago intervino para explicar el voto contrario de su grupo a las enmiendas a la totalidad de derecha y extrema derecha al texto de la proposición de ley orgánica de amnistía, que finalmente fueron rechazadas. 

Afirmó que a PP y a Vox “les interesa muy poco esta ley, que apenas alcanzará a 500 personas” y puso como ejemplo que el ex líder del PP y ex presidente del Gobierno José María Aznar “indultó en un solo día más de 1.400 condenas”, lo que según las enmiendas presentadas ahora por sus correligionarios “sería una permanente interferencia en la actuación de los tribunales”.

Siguiendo con el ejemplo, si para los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal la ley de amnistía supone “una acusación a los jueces de prevaricar, entonces los indultos masivos del PP deberían serlo igualmente”.

El diputado de IU dejó claro que ‘populares’ y ultras “quieren ilegalizar a los partidos que se oponen a que la ultraderecha entre en el gobierno”, da igual que sean “partidos de izquierdas y de derechas, pero respetuosos con la democracia”.

“Ningún partido democrático hoy -sentenció- va a facilitar que gobiernen dos partidos, PP y Vox, que han hecho del incumplimiento de la Constitución (no renovación del Consejo General del Poder Judicial, entre otras cosas), del insulto y de la confrontación su forma cotidiana de actuación”.

Advirtió de que en las enmiendas a debate “todo es un doble rasero”. Recordó que el PP, “nunca ha condenado al franquismo y la mitad de sus diputados no votaron a favor de la Constitución cuando hubo que hacerlo en este Congreso”, mientras ahora “tienen la desfachatez de proponernos un delito de ‘deslealtad constitucional’, que ayer ni el señor Feijóo apoyaba”.

Santiago expuso que de salir adelante las ideas de las derechas “sería delito que los partidos de la coalición de Gobierno acordaran con los partidos nacionalistas catalanes; que Sumar o PSOE se reúnan con representantes de Junts, sería también un grave delito, pero si es el señor González Pons quien lo hace para pedir el apoyo de Junts a la investidura del señor Feijóo, eso no lo sería y estaría bien”.

Denunció que el PP “ha politizado la justicia hasta límites inaceptables en democracia. Querían controlar el Tribunal Supremo ‘por detrás’ y han presumido de que los jueces apoyaban al PP. Ahora, con esta enmienda, ‘excusatio non petita’, intentan justificar que no han politizado a la justicia”.

Advirtió también de que “convierten en delito la propuesta o la realización de ‘consultas ciudadanas contrarias a los requisitos constitucionales del referéndum’. Por eso, una consulta directa a los ciudadanos realizada por un ayuntamiento sería motivo para imponer hasta cinco años de cárcel”.

Argumentó en contra que “el portal de consultas públicas del Ayuntamiento de Madrid indica que en cuatro años ese ayuntamiento ha realizado 54 consultas públicas, ninguna convocada con los requisitos constitucionales del referéndum”.

Tiró aquí de ironía y de realidad al afirmar que “nos oponemos a que el señor Martínez-Almeida (alcalde madrileño del PP) pueda ir a prisión por convocar consultas ciudadanas”, aunque según la enmienda que ellos mismos proponen al artículo 547 del Código Penal “estos nuevos delitos llevarían aparejada la disolución del partido político impulsor de estas consultas, en este caso del Ayuntamiento de Madrid, el PP”.

“Sumar -destacó- se opone a la ilegalización de partidos por la adopción de acuerdos políticos que ni provocan, por ejemplo, muertes masivas en residencias, ni han ‘roto España’. Son enmiendas contrarias al derecho constitucional de participación política, enmiendas que vulneran el derecho al voto de millones de españoles”.

De nuevo dirigiéndose a la bancada ‘popular’, indicó a sus miembros que “deberían ser prudentes en materia de ilegalización de partidos”, al menos por el hecho de que “el PP es el partido en Europa con más condenas en los tribunales”. Y detalló algunas: “la primera fue por la ‘trama Gürtel’. La Audiencia Nacional sentenció que el PP se benefició con más de 245.000 euros por corrupción. La segunda condena, también de la Audiencia Nacional, fue por la ‘caja B’ del PP, que fue condenado como responsable civil subsidiario por 123.000 euros”.

La tercera condena firme al PP fue “como partícipe a título lucrativo, también impuesta por la Audiencia Nacional por beneficiarse de 200.000 euros de la corrupción de la Gürtel en Boadilla del Monte”. En un cuarto proceso, “el PP fue el primer partido sentado en un banquillo de acusados” y “se salvó de ser condenado por falta de pruebas, ya que ustedes mismos destrozaron a martillazos los ordenadores del señor Bárcenas”.

Todo ello le sirvió para explicar a los diputados del PP que “si hubiera sido condenado su partido entonces o si la reforma del artículo 31 bis hubiera sido aplicada retroactivamente en cualquiera de esas sentencias, su partido hubiera sido disuelto a consecuencia de las actividades corruptas realizadas por ‘el albondiguilla’, Bárcenas o la entonces ministra Mato. Eso es lo mismo que proponen ustedes ahora, pero para otros partidos”.

Dirigiéndose ahora a Vox, recordó que el Tribunal Supremo “acaba de rechazar sus querellas contra Pedro Sánchez por negociar la investidura con partidos nacionalistas catalanes, lo mismo que intento Feijóo” y este mismo tribunal ha reprochado a la formación ultra “que pida a los jueces ‘interferir’ en una investidura para impedir actuaciones consustanciales a una democracia”.

Sin embargo, con estas enmiendas Vox continúa en su empeño de “impedir las negociaciones entre partidos” y lo justifica en que la ‘influencia de los separatistas es para ellos ‘absolutamente desproporcionada en relación a su representatividad’, lo que ‘ha provocado gravísimas consecuencias (…) desvirtuando el sentido de las instituciones (…), al atribuir un injustificable poder decisorio a minorías’.

“Proponen convertir en delito los acuerdos alcanzados con partidos considerados minorías, pero sólo si se trata de minorías nacionalistas, mientras si la minoría que impone sus acuerdos es la ultraderecha, entonces no sería delito”, comentó.

Y, de nuevo, una cascada de ejemplos: “Vox, con 4 de 35 diputados, ha impuesto que la Asamblea de Cantabria derogue su ley de Memoria Democrática. En la Asamblea de Madrid, Vox con 11 de 135 diputados, ha conseguido iniciar la derogación de derechos del colectivo LGTBI y Trans. En Orihuela, Vox con 4 de 25 concejales ha eliminado el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández”.

Enrique Santiago advirtió de que “Vox no parará hasta acabar con la democracia y con sus reglas; no van a parar hasta arrebatarnos todos los derechos conquistados”.

Señaló también que mientras “proponen que sea delito negociar asuntos tramitados en las Cortes con ‘personas condenadas judicialmente’”, Vox ha mantenido en el Congreso a “dos diputados en la anterior legislatura como el señor Coello de Portugal y el señor Espinosa de los Monteros, ambos condenados y negociando constantemente enmiendas, es decir, esos mismo ‘asuntos tramitados en las Cortes’.

Y, de nuevo, avisó que si hoy se hubiera aprobado la enmienda propuesta por la ultraderecha “pues ocurriría que sería delito que cualquier diputado o diputada se sentara a hablar de una enmienda con su actual diputado Carlos Flores, condenado por violencia de género en el año 2002”.

Santiago denunció que también está “la exhibición pública de emblemas o símbolos que (según Vox) impliquen un atentado contra la integridad del territorio nacional. Eso es perseguir ideas porque ¿qué emblema atenta contra la integridad de España, la bandera estelada, la independentista gallega o la bandera de la Segunda República?”

“Quieren devolver a España al régimen dictatorial en el que ya nos tuvieron 40 años. Nos presentan una auténtica enmienda a la totalidad a la democracia. Quieren acabar con la posibilidad de que entre los representantes políticos se construyan acuerdos y consensos que garanticen la convivencia, la democracia y el Estado de Derecho. La democracia está sufriendo un ataque sin precedentes por Vox, al que se ha sumado el Partido Popular. Respondamos con la unidad de todas las personas demócratas para defender la democracia”, concluyó.