Ecologistas Extremadura solicita más empleados públicos en la gestión del Medio Ambiente
"Durante los últimos años, en Ecologistas Extremadura se han sorprendido sobre cómo varias de sus denuncias eran rechazadas o encontraban informes técnicos ambientales, que estaban fuera de toda lógica conservacionista, y sólo se explicaba por otras motivaciones."
Ecologistas en Acción de Extremadura han relatado que «el pasado 9 de marzo de 2017, en base a la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, han solicitado que se les informe del personal externo de la empresa GPEX, que realiza funciones en la Dirección General de Medio Ambiente. Así mismo, hemos solicitado que se contraten a más empleados públicos Biólogos, Licenciados en Ciencias Ambientales, Agentes del Medio Natural u otros; dado que el importante patrimonio natural de Extremadura, se encuentra gestionado por personal ajeno al derecho administrativo. El personal funcionario, tal como recoge la Constitución Española, es garante de neutralidad y de la aplicación estricta de la normativa en vigor y tiene un proceso de selección por mérito y capacidad que permite acceder a cualquier cuidadano/a en igualdad de condiciones, con garantías que no existen en estas empresas.
En el año 2015, ya llamaron la atención a la Dirección General de Medio Ambiente que en terrenos cinegéticos de gestión pública (art. 16 Ley 14/2010 Caza), como es el caso de la Reserva de Caza de “La Sierra” y que además es un espacio Red Natural 2000 como es el ZEC Sierra de Gredos, se iban apartando a los Agentes de Medio Natural de la Junta de Extremadura, y se han ido sustituyendo por vigilantes de la empresa GPEX. Hay que recordar que este personal no son agentes de la autoridad, ni sus informes y/o denuncias gozan de presunción de veracidad, por lo que la única explicación posible es buscar un personal más dócil y sujeto a inestabilidad laboral y por tanto más sensible a presiones para no hacer lo que se debe hacer o “mirar para otro lado”.
Tras haber tenido conocimiento de las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre este asunto datan del año 2009, cuando en una moción dirigida a las Cortes Generales, dicho tribunal insiste en atajar ciertas prácticas de las administraciones públicas sobre el número y atribuciones de los trabajadores externos que ocupan puestos de trabajo dentro del organigrama administrativo regional, algo que raya lo escandaloso en la Dirección General de Medio Ambiente. La Consejera de Hacienda y Administración pública, emitió una instrucción, en noviembre de 2016, sobre “Buenas prácticas en la contratación de servicios y en la realización de encargos de prestaciones a entidades que tengan la condición de medio propio y servicio técnico”.
Durante los últimos años, en Ecologistas Extremadura se han sorprendido sobre cómo varias de sus denuncias eran rechazadas o encontraban informes técnicos ambientales, que estaban fuera de toda lógica conservacionista, y sólo se explicaba por otras motivaciones. La presencia mayoritaria de este personal de la empresa GPEX, consideran podría influir en que sus decisiones a menudo no se rijan por el interés general y el estricto cumplimiento de la legislación ambiental, como ocurre con el caso de los funcionarios públicos, a los que han ido sustituyendo».
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