Actuación de la Fiscalía contra la empresa Orovalle: El ecologismo asturiano ya alertó en 2020 del peligro ambiental generado por la mina de oro de El Valle-Boinás
En el trámite de información pública para la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la planta de tratamiento de Orovalle en el concejo, la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies hizo memoria el pasado año de las reiteradas sanciones recibidas por la compañía por sus vertidos al río Cauxa y reclamó una alternativa al uso de cianuro de sodio en el proceso de recuperación del mineral.
El colectivo alertó de la evidente «huella tóxica» existente durante el proceso de lixiviado y sus graves riesgos en caso de accidente, además de los contínuos vertidos de elementos peligrosos que ahora ha venido a confirmar la Fiscalía tales como selenio, arsénico, cadmio, cromo, cobre, manganeso, mercurio, níquel, plomo y zinc recordando que «para asegurar su cumplimiento, y considerando el historial infractor de la explotación», la revisión de la autorización debería de estar condicionada a la instalación obligatoria de una estación de análisis y registro de todos los parámetros físico-químicos oportunos analizables, in situ, precintada para evitar su manipulación, en cada una de las tuberías de vertidos.
En este sentido, la entidad también mostró su preocupación por la «estabilidad e impermeabilización» de las balsas de lodos cianurados existentes en la zona con un tiempo de persistencia tóxica de hasta 75 años, problema «fuertemente agravado» por las miles de toneladas generadas por la explotación, generadoras de «un problema muy grave al medio ambiente y la salud humana en caso de vertido, accidente, filtración o rotura de balsa».
ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA
A finales de febrero la Fiscalía de Medio Ambiente de Asturias confirmó las alertas de la Coordinadora Ecoloxista al considerar probado la problemática generada por la mina de oro de El Valle-Boinás, operada por Orovalle Minerals, una filial de la canadiense Orvana Minerals Corp. sobre el río Cauxa, tributario del Narcea, solicitando el pago de una multa de 20 millones de euros a la empresa por vertidos tóxicos no autorizados y una indemnización de 5,1 millones de euros al Estado por los daños causados al dominio público hidráulico entre los años 2015 y 2017.
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