STEM: «Frente a la crisis: más educación, más pública»

En 2009, con la excusa de la crisis, todas las Comunidades Autónomas recortaron su gasto educativo. Si bien ningún territorio había llegado al nivel de inversión del año anterior a los recortes, en 2016 (últimos datos del Ministerio) casi todas las administraciones autonómicas habían incrementado en mayor o menor medida el gasto educativo por alumno. El territorio con menor inversión en 2016 era Madrid: 4949 euros desde 2010 (un 21% menos que en 2009 y 1000 euros por debajo de la media). En la última década, la inversión en la escuela pública se ha reducido un 10%.

Mientras tanto, en el periodo de 2010 a 2018, Alemania incrementó su gasto educativo en un 17,2% en la enseñanza obligatoria, en un 35,9% en universidades y en un 81,2% en escuelas infantiles. Dejando aparte el papel del gobierno alemán en la imposición de políticas “austericidas” a los países del Sur, y sabiendo que los ajustes que hizo Alemania nada tuvieron que ver con los que se exigieron a países como España, la receta que se aplicó el gobierno alemán fue acertada, al entender que la situación de recesión exigía un incremento del presupuesto destinado a educación e I+D, ya que como numerosos expertos señalan, la inversión en educación está estrechamente ligada a la mejora de los indicadores económicos a medio plazo. Por poner un ejemplo más cercano, así pareció entenderlo también Portugal, con un gasto educativo del 4,9% en 2015 frente al 4,1% de España (comparativamente, un 20% más).

Centrándonos en el complejo escenario al que nos enfrentamos, hay que recordar que la suspensión de clases presenciales exigirá un esfuerzo extra a lo largo del curso 2020/2021 para apoyar al alumnado más afectado por esta situación. Igual que el profesorado está dando la talla ahora, lo hará el curso que viene, pero las administraciones también tienen que asumir sus responsabilidades ante la ciudadanía, y especialmente ante la población más vulnerable, y su gestión del “escenario post-crisis” no nos puede llevar de facto a la profundización de una crisis social de la que no habíamos salido, resultado de los recortes aplicados en 2009. Dicho sea de paso, no faltan voces autorizadas que apuntan a las medidas de austeridad y los recortes como elementos clave para explicar la fuerte incidencia de la pandemia en nuestro país

Basta ya, pues, de recortes en servicios públicos mientras aumentan los beneficios de las grandes empresas y se acelera la acumulación de capital en manos de unos pocos. Ahora no les toca ni a nuestros alumnos y alumnas, ni tampoco a los docentes, asumir recortes sobre recortes. No toca incrementar ratios, ni dejar de cubrir sustituciones, ni jornadas lectivas abusivas, ni mantener a miles de docentes en la calle. Más bien todo lo contrario.

Los docentes llevamos una década compensando a base de voluntarismo la falta de recursos. En una crisis cuyos efectos se prevén más inmediatos e intensos que los de la anterior, el servicio público educativo necesita un plan de choque, pero no basado en incrementar la burocracia y sobrecargar las jornadas laborales. La reversión total de los recortes es la condición mínima para que el profesorado pueda acometer la dura tarea que tiene por delante en unas condiciones mínimas de dignidad. Esto debe traducirse, para empezar, en la recuperación de las plantillas hasta situarlas, al menos, en los niveles previos a los recortes de hace una década. Nuestro alumnado necesitará una mayor atención para superar los déficits acumulados en este periodo, pero intentar conseguirlo sin un incremento de plantillas que posibilite un mayor número de desdobles y una atención más personalizada, es buscar la cuadratura del círculo.

El alumnado de necesidades educativas especiales y con dificultades de aprendizaje necesitará una atención prioritaria, por lo que es el momento de aumentar las plantillas de los profesionales de la atención a la diversidad, ajustando de una vez las ratios de alumnado atendido por cada profesional de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje a lo que establece la ley. No más de 9-12 alumnos/as por PT y 20-25 por AL (actualmente es habitual en la Comunidad de Madrid encontrarnos con ratios de más de 20 y más de 35 alumnos, respectivamente). Las plantillas de orientadores/as deben ajustarse a las recomendaciones de la UNESCO, y que cada orientador no atienda a una población escolar superior a los 250 alumnos, y más tras una situación no exenta de tensión y privaciones para gran parte del alumnado y las familias cuyos efectos en el ámbito psicológico, social, económico y académico aún están por ver. A día de hoy, este objetivo se antoja utópico, siendo lo habitual en nuestra región que la población asignada a cada orientador triplique o casi cuadruplique la ratio recomendada por las UNESCO.

Corresponde a los gobiernos autonómicos establecer las vías de financiación que nos lleven a una salida justa de la crisis que viene. Pero para eso, tienen que empezar por corregirse las políticas hostiles a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, al conjunto de la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables de la sociedad, pues no faltan gobiernos autonómicos dispuestos disputarse la vanguardia de la ortodoxia neoliberal que ya están afilando la tijera.

Un mes y medio después de suspenderse las clases presenciales, sigue vigente en varios territorios, entre ellos Madrid, la suspensión de llamamientos a interinos para sustituciones, asignándose a otros docentes el trabajo del profesor o profesora que está de baja. Según escribimos este artículo, conocemos que la Comunidad de Madrid ha anunciado que deja de financiar su parte de los convenios con los Ayuntamientos para el mantenimiento de la Escuelas Infantiles y Casas de Niños municipales “mientras dure el estado de alarma”, dejando a las administraciones locales ante unos gastos poco menos que inasumibles e ignorando que estas profesionales siguen orientando a las familias y desarrollando tareas de coordinación pedagógica vía telemática. Imaginemos cuál sería la reacción de los partidos que sustentan el gobierno regional si el gobierno central aprovechara el cierre de las iglesias para exigir a la Conferencia Episcopal la devolución de los sueldos de obispos y sacerdotes. Seguramente pondrían el grito en el cielo. Es cuestión de prioridades.

Las administraciones regionales que más recortes han aplicado y que durante más tiempo los han mantenido, curiosamente, suelen ser las que mantienen una política fiscal más ventajosa para las rentas más altas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, solo la bonificación del 99% del impuesto de Sucesiones, para quienes heredan más de un millón y medio de euros, y la exención del impuesto de Patrimonio, que grava a las grandes fortunas, supusieron en 2018 dejar de ingresar más de mil millones de euros… “robar a los pobres para dárselo a los ricos”. Administraciones como la madrileña deberían empezar por modificar su política fiscal, además de replantearse muy seriamente reestructurar sus prioridades presupuestarias. Nos tocará seguir luchando y haciendo mucha pedagogía para desenmascarar estas políticas y conseguir que la ciudadanía acabe desalojando de las instituciones a los enemigos de lo público. Es mucho lo que nos jugamos.