Riders X Derechos: «Un paso insuficiente, poco que celebrar»

Comunicado Riders X Derechos 

Ante el anuncio del decreto por el cual se realiza la laboralización de los trabajadores de reparto y, aunque en apariencia va en la línea de nuestras demandas, por nuestra parte no tenemos mayores razones para celebrar por los siguientes motivos:

Pérdida de trabajos: El proceso de laboralización se realiza abruptamente sin garantizar la permanencia de los actuales trabajadores. La creación de falsos puestos de trabajo a la merced del algoritmo no ha sido más que una burbuja que va a explotar de manera violenta si no se obliga a las empresas a realizar las contrataciones pertinentes, pues no confiamos en su criterio para convertir responsablemente a todos los falsos autónomos en empleados. Es importante destacar que el acuerdo entre patronal y sindicatos que se cerró hace más de dos meses proporcionaba 3 meses para la aplicación de la ley desde su publicación en el BOE. Además de esos 3 meses extra, en los últimos meses hemos sabido que ha habido un pacto no escrito entre patronal y Ministerio de Trabajo para ceder más tiempo a las empresas, dando así casi 5 meses más de tiempo para que sigan vulnerando nuestros derechos laborales. Esto es algo inaudito y que nosotros no podemos hacer otra cosa que condenar rotundamente. Nuestros derechos laborales no pueden vulnerarse ni un día más. El plazo proporcionado a las empresas acabará justo a mitad de agosto, con muchos abogados de vacaciones y que va a provocar una difícil respuesta a los posibles despidos de estas empresas.

SubconTRATAción: En la línea de las reformas laborales realizadas en 2010 y 2012, que no se han derogado, no se garantiza que estas empresas no deriven por la muy probable línea de subcontratación que, como se ha demostrado con nuestras hermanas las Kelly, es un coladero de derechos laborales.

En esta línea, no se trata solo de hacer cumplir la ley y el estatuto de los trabajadores para nuestro colectivo, sino de proteger los derechos y la dignidad de la clase trabajadora, cosa que solo se ha conseguido en una pequeña proporción, a vista de semejantes vacíos que dejan a las empresas para continuar con sus triquiñuelas y salir impunemente de las que ya han realizado. No toleraremos ni permitiremos que se sustituya un fraude por otro, es por ello que seguiremos luchando para poner fin a la cesión ilegal de trabajadores, las ETT y la subcontratación.

No protege al resto de la clase trabajadora: La regulación es específica de los riders. Esto implica que el resto de colectivos que ya son uberizados podrán ser controlados por algoritmo impunemente, y prácticamente deja las puertas abiertas a la uberización de muchísimos otros colectivos,  lo cual marcará una pérdida de derechos generalizada para trabajadores y trabajadoras de los ámbitos de la limpieza, reformas, traducción, corrección… y todos aquellos servicios susceptibles de ser fragmentados y quedar sin protección legal.

Poca transparencia en el control del trabajo: Reconocemos que es un avance permitir acceder al algoritmo a los comités de empresa, pero España pierde la oportunidad de ser un referente en exigir una transparencia real a estas empresas. La forma como controlan el trabajo no debería ser tratada como la “fórmula de la Coca Cola”.

No regularización: No existe ningún intento de regularización de los trabajadores sin papeles que han sido víctimas del mercado de alquiler de cuentas. Consideramos que Glovo, Deliveroo, Uber Eats, Shargo, Stuart, etc. han visto crecer sus ejércitos de repartidores gracias a la disponibilidad prácticamente infinita de las personas que subalquilan cuentas. Siendo conocedores de la desregulación de la oferta y demanda liberal, es fácil deducir que esta disponibilidad ha influido drásticamente en la violenta bajada de tarifas y bonos de los repartidores, incluido el recorte a la mitad al principio de la pandemia en confinamiento general. Que no se nos malinterprete: la bajada de las tarifas no es culpa de las personas sin papeles, es la empresa la que toma esa decisión y el Estado y la sociedad quien lo permite.

Impunidad: No se ha penalizado a las empresas defraudadoras, a diferencia de lo que han conseguido por la vía judicial nuestros hermanos y hermanas de Italia, donde se ha ordenado la contratación y multas millonarias para estas empresas. Hemos sido víctimas de cientos o miles de accidentes, algunos de ellos mortales. Han defraudado millones de euros necesarios para las arcas públicas, especialmente con esta crisis generada por la pandemia. Además, no se crea un observatorio fiscalizador como se habló en su momento, el cual no debería de contar con la participación de la patronal, hecho indispensable para velar por el respeto de los derechos laborales y las condiciones de trabajo dignas de trabajadores y trabajadoras.

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En el texto se incluye la presunción de laboralidad, dicho argumento ya existe en nuestro ordenamiento jurídico y además ha sido utilizada en la reciente sentencia del Tribunal Supremo. El resumen jurídico de toda esta negociación es que, lo más probable, es que tengamos que seguir pugnando en los tribunales para que se nos reconozcan nuestros derechos laborales, a pesar de la pequeña obertura al funcionamiento del algoritmo sobre los mecanismos de control, de cara al comité de empresa.

A lo largo de este año de negociación el Ministerio de Trabajo ha ido cediendo, con el paso del tiempo, a gran parte de los postulados de la patronal y han ido eliminando y rechazando todas las propuestas que se habían hecho por parte de los sindicatos. Las propuestas iniciales eran ambiciosas y permitían que esta ley afectará a muchos más sectores afectados por este fraude. No obstante, es un hecho que el Ministerio de Trabajo finalmente ha querido contentar a la patronal y poco a los trabajadores. Esto nos parece un tremendo error. Esta ley debería ir acompañada de la derogación inmediata de las reformas laborales, tal y como pide toda la clase trabajadora.

Para finalizar, nos parece importante remarcar que la laboralización de los riders se ha conseguido no solo por la voluntad del Ministerio de Trabajo con esta ley, sino que ha sido la suma de fuerzas de diferentes sindicatos, de académicos comprometidos, de la fuerza de la red internacional contra la uberización y, en especial, de la autoorganización, manifestaciones y denuncias de los propios repartidores, que han cosechado más de 47 sentencias favorables durante estos últimos 4 años, incluida la del Tribunal Supremo.

Desde nuestra plataforma llevamos más de 4 años luchando y exponiendo incansablemente la problemática de nuestro sector y alertando del modelo que algunas empresas pretenden implantar. Ahora, se abre un escenario diferente en el que consideramos muy importante el papel de los sindicatos y animamos a que todos los trabajadores se unan y se organicen con el sindicato que consideren. Pese a que empresas y patronal hayan intentado en vano alejarnos de los sindicatos, no nos cansaremos nunca de decir que el sindicato es la herramienta más potente que tenemos los trabajadores para organizarnos y afrontar el futuro en nuestros puestos de trabajo.

Esta ley no es el final, ni mucho menos, es un simple punto y seguido en nuestra lucha. Estas empresas han venido a cargárselo absolutamente todo y sabemos que, igual que se han saltado la ley durante más de 5 años, lo van a seguir intentando hacer con esta legislación. Es por ello que seguiremos luchando junto a muchos otros sectores de la clase trabajadora para que se respeten nuestros derechos y se deje de vulnerar sistemáticamente derechos fundamentales.