La PNL sobre los centros de educación especial aprobada en Andalucía contraviene los derechos de las personas con discapacidad

Desde la Plataforma por Una Escuela Extraordinaria manifestamos nuestro rechazo a la Proposición No de Ley sobre el mantenimiento de los centros educativos especiales aprobada en el Pleno del Parlamento de Andalucía el pasado 30 de mayo de 2019 por varios motivos: porque contraviene la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque contribuye a frenar las necesarias reformas del sistema educativo para hacerlo más inclusivo y porque oculta el grave problema de segregación escolar que existe en España y que la propia ONU ha denunciado en sus informes de mayo de 2018 y abril de 2019.

La aprobación por unanimidad del texto de esta Proposición No de Ley es tremendamente preocupante porque el texto parte de la carencia de un diagnóstico mínimamente riguroso sobre la inclusión escolar de las personas con discapacidad. Se basa en un análisis superficial del sistema educativo y demuestra un profundo desconocimiento de los tratados internacionales suscritos por España. Sin embargo, lo más rotundo del texto no es lo que dice, sino lo que calla, contribuyendo a la confusión y a la creación de un estado de opinión indiferente, cuando no hostil, hacia la educación inclusiva.

Esta Proposición No de Ley oculta clamorosamente que el derecho fundamental que prevalece por encima de otros en nuestro ordenamiento jurídico es el derecho a la educación inclusiva de todas las personas y este derecho es, precisamente, el que se está vulnerando sistemáticamente. En cuestión de educación inclusiva la ley es clara y según el artículo 24 de la Convención de la ONU, así como la Observación general número 4 (2016) sobre el derecho a la educación inclusiva, las personas con discapacidad no deberán ser excluidas del sistema general de educación, entendiendo por educación general todos los entornos de enseñanza ordinaria. Para ello, obviamente, es imprescindible dotar de los apoyos y realizar los ajustes necesarios a las escuelas comunes. Este es el mandato al que nuestro país se sumó libremente cuando ratificó sin ninguna reserva la Convención y su protocolo facultativo en 2008 y que es de obligado cumplimiento según el artículo 10.2 de la Constitución Española. ¿Todo esto se les ha olvidado a sus señorías?

Asimismo, esta proposición intenta confundir a las familias poniendo el foco en una supuesta desaparición inminente de los centros de educación especial que, además de ser una falsedad, sirve para ocultar el verdadero problema de exclusión de las escuelas ordinarias de gran parte del alumnado con discapacidad. Este problema de segregación forzosa está siendo sistemáticamente denunciado en los informes de la ONU de mayo de 2018 y de abril de 2019. Son procesos de exclusión que afectan a miles de familias y que se producen de forma directa, cuando la administración obliga a escolarizar en centros de educación especial; o indirecta, cuando la administración incumple su obligación y no dota a la escuela ordinaria de los recursos necesarios para atender a la diversidad, viéndose el alumnado más vulnerable en la tesitura de tener que marcharse a escuelas segregadas. Por si fuera poco, estos procesos están obligando a las familias a pasar por durísimos procesos judiciales para defender sus derechos.

¿No deberían ser las administraciones públicas las que garantizasen los derechos que ya están reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico?

Por otra parte, ¿cómo se puede hablar sin ruborizarse de libertad de elección para las familias cuando la opción de permanecer en la escuela ordinaria no existe porque en muchos casos no se dota de los apoyos y los ajustes razonables para las personas que los necesitan? Plantear este problema como una cuestión de elección entre modalidades escolares es falaz y supone responsabilizar injustamente a las familias de la segregación de sus hijos, ocultando que es la Administración quien debe garantizar en todos los casos las condiciones óptimas para el ejercicio del derecho a ser educados con calidad junto a sus hermanos, sus vecinos, etc.

Por si fueran pocas las distorsiones que propone el texto y que aprueba el Parlamento Andaluz unánimemente, se dice que no existen razones pedagógicas que justifiquen la educación inclusiva, cuando las evidencias científicas dicen lo contrario. No hay más que leer las últimas revisiones bibliográficas de la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales o la Declaración Incheon 2030, promovida por la UNESCO como Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible, por ejemplo. ¿Por qué no se han molestado sus señorías en hacer una revisión de fuentes antes de votar?

La parte propositiva de la iniciativa se resume en dos puntos: instar al mantenimiento de los centros de educación especial – cuando no están en peligro-, e instar a garantizar la libertad de elección de las familias -a sabiendas de que la Administración no dota en muchos casos de las condiciones necesarias para la educación inclusiva en todas las modalidades educativas-. Así, resulta fácil comprender que el núcleo del texto se reduce a dos brindis al sol vacíos de contenido que solo sirven para intentar frenar los procesos de mejora del sistema educativo.

En definitiva, esta Proposición No de Ley y su aprobación por unanimidad demuestra un absoluto desconocimiento por parte de todos los grupos políticos de lo que significa en el siglo XXI la lucha por los derechos de las personas con discapacidad y perpetúa una visión mermada del estatus cívico de este colectivo.

Por tanto, solo caben dos opciones honestas: avanzar decididamente hacia un sistema educativo inclusivo como un bien común, o trabajar de forma explícita para que nuestro país denuncie la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y salga de ella. Les pedimos a nuestros representantes políticos que se posicionen, señorías, y que sean consecuentes.